A 50 años de la Ley de vivienda; Un solo movimiento un solo interés

Quizás un titulo de estas características pueda llegar a sonar demasiado categórico, por eso intentaremos desarrollar la idea desde la creación misma de la ley,  interpretando la voluntad de quienes legislaron ya hace 50 años. Para esto desarrollaron dos conceptos principales, el carácter de usuario (propiedad colectiva), préstamo estatal y subsidios, esto da las garantías más allá de los vaivenes de la economía, para que ninguna familia perdiera la vivienda.

Desde la génesis de nuestro sistema al tomar préstamos a 25 años, la primera preocupación fue el mantener el valor del peso para que de esa forma el repago fuese uno de los mecanismos que mantuviera la posibilidad de seguir construyendo.

Para asegurar la no devaluación de los préstamos, se genera una moneda propia (ficticia) la U.R, que toma como uno de los ítems el índice medio de salarios. Si le sumamos a estos prestamos un interés del dos por ciento, que se explica por el costo de administración de los mismos, hablamos de que cumplimos con el Art. 2 de la ley.

En estos 50 años los distintos gobiernos han hecho caso omiso a este artículo de la ley. El movimiento ha firmado a tasas de interés que van desde le 4 % al 7,5 %, que al momento de regularizar,  mediante el formulismo “de buen pagador” llegamos a un interés del dos por ciento.

Condición,  junto con el subsidio a la cuota, indispensable para regularizar y mantener el cien por ciento de repago de nuestras afiliadas, escenario que nos permite discutir responsablemente  la totalidad de la  política de vivienda.

La generación actual de cooperativas (reglamentación 2008) es contemporánea a una novel política de asociación con capitales privados para construir “viviendas de interés social”. Dicha política está inscripta en la lógica del mercado inmobiliario, con valores de construcción, valores de tasación y el interés que fija el mercado.

Estas cooperativas están pagando el precio de una concepción positivista sobre el rol del mercado en el problema de la vivienda. La pretensión fundacional del gobierno no se hace cargo del acuerdo histórico que regularizó las deudas del movimiento.

Teniendo esta política el potencial de fragmentar al movimiento,  imponiendo una concepción distinta para las nuevas cooperativas, como si la actual reglamentación de acceso  a los créditos fuese  producto de la voluntad gubernamental. Desconociendo 50 años de auto regulación, autogestión y el compromiso de acceso popular a la vivienda sin caer en el corporativismo.

La incoherencia en el accionar del Poder Ejecutivo generando una reglamentación que discrimina entre familias cooperativistas que son iguales en épocas distintas.  No contemplando la voluntad del legislador en la creación de la ley de vivienda ni contempla el desarrollo histórico de lo que han sido las distintas políticas de acceso popular a la vivienda (Mevir, cooperativas, FNV, etc)

Este es nuestro reclamo, junto a la reglamentación de la ley de subsidio a la permanencia enmarca conceptualmente al gobierno en el rol que debe tener, donde construir viviendas para los sectores más desprotegidos, no debe ser pensado desde la recaudación, sino en el desarrollo social equitativo de los recursos.

Esto se entrelaza con el gran debate nacional que es la redistribución de la riqueza.

DIRECCIÓN NACIONAL