Es notorio que la devolución de sus partes sociales a una familia que se retira de una cooperativa (y, consecuentemente, la integración de las mismas por el núcleo que ingresa) es uno de los problemas aún no resueltos adecuadamente del sistema de usuarios.

 

Es que el plazo máximo que la ley otorga a la cooperativa para realizar esa devolución, que a veces puede ser excesivo para el núcleo familiar saliente, si necesita el dinero con urgencia (para acceder a otra vivienda, para implementar una actividad productiva, o hasta para parar la olla), es siempre exiguo para la cooperativa, que no tiene recursos propios para hacer el pago y depende de que pueda conseguir un nuevo socio para integrar ese capital.En efecto, el art. 136 de la Ley General de Cooperativas, 18.407 de 2008, dice: “La cooperativa dispondrá de un plazo de doce meses, desde la restitución de la vivienda, para hacer efectivo el pago del 50% (cincuenta por ciento) del reintegro a que tuviera derecho el socio renunciante. El 50% (cincuenta por ciento) restante deberá hacerse efectivo en un plazo no mayor a los cuarenta y ocho meses desde el momento de la restitución de la vivienda.

EL PLEBISCITO POPULAR Y LA LONA

Para el senador frenteamplista Óscar Andrade, el plebiscito dejó por detrás una propuesta que pensaba “en la dialéctica de triunfo”. Desde su perspectiva, la iniciativa popular pone en juego un cambio de modelo del país y las prioridades del sistema si se apunta a los que “están en la lona o los que concentran la riqueza”. 

 

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LA PEQUEÑA DIFERENCIA: DOS MODELOS

Para el contador y economista Jorge Notaro, hay quienes no entienden a la seguridad social como un “derecho humano”. 

Hay países donde la seguridad social es débil o inexistente, según informó el economista y contador Jorge Notaro. También declaró que en Uruguay existen “economistas del déficit” que ante los problemas de sostenibilidad financieros del Banco de Previsión Social (BPS) desconocen a la seguridad social como “un derecho humano”. Para la Organización Internacional de Trabajo, el sistema de pensiones de los países, debería dirigirse hacia objetivos como “la solidaridad” y “la suficiencia de las pensiones”. Pero existen quienes matizan el asunto. El director del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), Gonzalo Zunino, sugirió que de aprobarse la normativa incluida en el plebiscito, se tendrían reforzar los recursos en seis puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y no cabría espacio para otras políticas públicas. 

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