González criticó el hecho de que el contenido del decreto “empeora lo que ya era malo, al levantarles las topes” a los precios de venta de una parte de los apartamentos construidos bajo el paraguas de lo que hace una década se intentó fuera una oferta de ´vivienda social´, pero que nunca llegó a serlo.
“Esta es una ley” que otorga todos los beneficios posibles “al capital de la construcción”, al punto de que a “diciembre del año pasado”, el total de “las pérdidas” financieras del Estado por exoneraciones establecidas al amparo de este régimen, alcanzaba los “1.170 millones de dólares”.