La innegable realidad del déficit en vivienda en el país obligó a que el Parlamento, por fin, alcanzara un acuerdo. Como bien citó el senador comunista y miembro informante del proyecto, Óscar Andrade, la iniciativa de “deuda compensable” asegura una abreviación en la expropiación pública de inmuebles vacíos y representa un avance en “el acceso al suelo urbano”. Esta medida, que pretende combatir “la segregación territorial”, fue aprobada unánimemente.

El Plan Quinquenal de Vivienda oficializó algunas percepciones sobre la situación habitacional en el país. Mientras su aprobación y debate tienen lugar en la Cámara de Representantes, Andrade, miembro y presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, junto al vicepresidente de la Comisión, el Senador Gustavo González, citaron algunos de sus datos: en Uruguay, 200 mil personas viven en asentamientos, 40 mil están en condiciones de hacinamiento, 69 mil personas en áreas inundables, y los hogares con infancias a cargo tienen 20 veces más problemas estructurales que los hogares sin niños.

“Otro problema es la segregación residencial, un fenómeno estructural que se ha profundizado. Según un trabajo sobre la vacancia que fue uno de los documentos que utilizó la comisión, Montevideo tiene menos de población que hace 40 años. El 85% de población vive en la periferia”, expuso el senador comunista.

Al mismo tiempo, los datos sobre vivienda y necesidades insatisfechas vinculadas a este Derecho Humano también son relativos, como indicó Andrade, basándose en la información propiciada por el Plan Quinquenal de Vivienda. Existe una forma de “tenencia insegura” que no está calificada. Unos 40 mil hogares de los quintiles más bajos, de los sectores más vulnerables de la sociedad, destinan el 40 por ciento de sus ingresos a pagar un alquiler. “Los que tienen ingresos de 20 mil pesos destinan 11 mil al pago del alquiler. En promedio son personas que están en la cornisa, entre terminar en un asentamiento o en situación de calle”, expuso.

Además, una investigación realizada entre Unicef y la Cámara de la Construcción asegura que en Uruguay hay 400 mil infancias viviendo en hogares con necesidades básicas insatisfechas, casi medio millón. Esta realidad, aunque menguada, llevó al aceleramiento en la expropiación de inmuebles, al igual que las cifras oficiales del Censo 2023, en el que se indicó que existían en Uruguay 97 mil inmuebles vacíos sin razón aparente, lo que fue aprobado por todo el Parlamento, sin excepciones.

Al mismo tiempo, Andrade analizó la vivienda dentro del Presupuesto asegurando que, mientras este se debate en Diputados, la discusión sobre los recursos designados a la política de vivienda también introduce modificaciones o el avance hacia un segundo período de Estrategia de Acceso al Suelo Urbano. “Cualquier estrategia con respecto al suelo urbano no resuelve un problema grave que el Censo de 2023 puso en el debate del urbanismo con potencia, porque en Uruguay existen en el entorno de 90 mil viviendas vacías, sin fundamento: ni en alquiler, ni de segunda propiedad, ni en otra condición. Parte de esa discusión fue ese resultado, porque, con respecto al Censo anterior, la cantidad de casas vacías se duplicó, era un resultado coyuntural de la crisis del 2002. Veinte años después, cada Censo confirma que estamos frente a un problema estructural”, analizó el senador comunista.

“Existen 97 mil padrones que no están en alquiler, ni en venta, no son segunda propiedad, ni son obras en construcción, sino que están tapiados”, remarcó Andrade, para luego señalar que la vacancia urbana y el delito tienen un vínculo, lo que también constituye un problema de seguridad.

La primera referencia para atender esta problemática se abordó en la Ley de Ordenamiento Territorial, promulgada en el país en 2018, pero según el análisis que realizó la Comisión de Vivienda del Parlamento, estos instrumentos jurídicos han sido utilizados sin constancia. Por eso, se aprobó la abreviación de expropiación de inmuebles degradados, que se iniciaba a diez años y se prolongaba varios, y que ya había sido introducida en la Ley de Ordenamiento Territorial. También se busca que las intendencias sean las primeras en saber cuándo un padrón está a la venta. Si bien existen estos instrumentos, la realidad es que el letargo produce inanición. Mientras, la única Cartera de Tierras existente está en el departamento capitalino.

“El mercado inmobiliario va a construir donde el metro cuadrado valga más. Es muy importante la planificación urbana para que la sociedad no se rompa, para que no se segregue”, sostuvo el presidente de la Comisión de Vivienda en el Senado. Luego, argumentó que, según el balance de la administración pasada de la Cartera de Tierras de la Intendencia de Montevideo, que incluyó la expropiación de inmuebles por “deuda compensable”, se adquirieron 60 inmuebles degradados y vacíos. “Se recuperó el valor de los inmuebles de 10 millones de dólares”, argumentó Andrade.

En este sentido, el senador comunista señaló que el senador colorado Tabaré Viera había sugerido crear una institucionalidad que incluyera la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Congreso de Intendentes. El objetivo sería centralizar un listado único de inmuebles con deudas “compensables”, ya que los padrones pueden contraer deudas con el Estado a través de las Intendencias o con la Agencia Nacional de Vivienda.

A su turno, el senador y exsecretario general de FUCVAM, Gustavo González, celebró el trabajo realizado en la Comisión y el debate con las Juntas Departamentales, Intendencias y organizaciones sociales. “Hay que tener en claro que este instrumento va a robustecer un instrumento político fundamental que, sin él, no habría vivienda: las Carteras de Tierras”, apuntó González.

“Ya la Ley Nacional de Vivienda en 1968 preveía la construcción de una Cartera de Tierras a nivel nacional”, recordó el senador socialista, para luego indicar que la primera en levantar esa bandera fue la Intendencia de Montevideo en 1990. “El movimiento cooperativo históricamente ha accedido a tierras en la periferia, lo que ocasionaba la segregación territorial que mencionó Andrade al principio”, ejemplificó.

El Consenso

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, interrumpió la oratoria de Andrade para aclarar que, pese a estar “totalmente de acuerdo” con los fundamentos que emitió el senador, porque el caso contrario sería “inmoral”, señaló que “hay que tener cuidado con los instrumentos” y que le preocupaba “cómo se instrumentaba”, ya que la expropiación es por sumario y esto no se desprende de la Ley.

“La expropiación está habilitada por la Constitución de la República; este país siempre tuvo en cuenta el fin social de la propiedad privada”, comenzó Bianchi para luego detallar que el proyecto genera desde el punto de vista jurídico ciertas “incertidumbres”, pero que depende de la voluntad del gobierno nacional y departamental.

El senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, apuntó al funcionamiento de la expropiación para algunas Intendencias del interior del país. “Lo que se logra en el proyecto es no faltar a las garantías a la propiedad privada ni al debido proceso”, señaló el senador colorado, para luego remarcar que el proyecto de Ley presentado logra preservar las seguridades constitucionales a “la propiedad privada”.

“El proyecto logra reducir los tiempos de la administración para atender la necesidad pública. No se trata de debilitar las garantías del propietario ni vulnerar el Artículo 32 de la Constitución que protege el derecho a la propiedad y la indemnización previa”, aclaró Viera, para luego destacar que la nueva normativa apuntaba a mejorar la seguridad y la salubridad pública.

Al iniciar el debate en el Senado, el esfuerzo por ponerse de acuerdo fue destacado por Andrade, quien resaltó este hecho y también reforzó “el trabajo capilar” que logró construirse en la Comisión de Vivienda, donde la oposición y las Intendencias tuvieron un rol protagónico.

Al comenzar su oratoria, el Senador comunista agradeció a los funcionarios y las funcionarias de la Comisión de Vivienda, quienes asesoraron en el trabajo de la Comisión, por “cumplir un objetivo de un enorme valor, en nuestra opinión: poner en debate el acceso al suelo urbano y la vacancia”, y en segundo lugar por “el trabajo de la Comisión”.

“No sé si es la primera vez en la historia de este cuerpo – Parlamento- que una Comisión Parlamentaria en un semestre, integrada por el Partido, seis departamentos del interior del país, construye capilaridad, porque nos juntamos con las Intendencias, con las cooperativas de vivienda, con las Juntas Departamentales, con los vecinos, pero además lo hicimos en un clima constructivo. Acá tengo que destacar el rol, en particular, del senador Falero y el senador Viera”, puntualizó el comunista.

Para luego también agradecer la participación e intercambio con la “sociedad civil”, como la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FUCVAM, FECOVI, y anunció que quedaron pendientes algunas reuniones como la del Plan de Vivienda Sindical. El tema fue tomado por todo el sistema político, “con la importancia que tiene” y apuntando a socavar una realidad “que no deberíamos permitir”, continuó Andrade.