En el marco del Día Mundial de los y las Sin Techo, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), organizó un debate en torno a la vivienda en el que participaron el Presidente de nuestra Federación, Enrique Cal, la Arquitecta e integrante La Vivienda en Diálogo, Ivahanna Larrosa, el Secretario General de FECOVI, Daniel Logaldo, la Presidenta de la Secretaría de Derechos Humanos, Collette Spinetti, la Ministra de Vivienda, Tamara Paseyro y el Senador de la República, Gustavo González.

El Presidente de FUCVAM, Enrique Cal, terminó las ponencias defendiendo el modelo del cooperativismo de vivienda. Para luego agregar que, si bien celebraba “el impulso y la orientación” del Plan Quinquenal de Vivienda” en el diseño, de la política no había que inventar “el agua caliente”.

“Saludamos el impulso y la orientación del Plan Quinquenal de Vivienda, creemos que desde el cooperativismo, FUCVAM en particular, ofrece una vivienda digna a varios sectores de la población”, indicó el Presidente de la Federación. “No hay que inventar el agua caliente, ya está inventada, hay que explorar, ser atrevido y tener el coraje de implementar medidas, y eso le corresponde a los tomadores de decisión”, concluyó. 

“Hay una construcción política añeja en nuestro país vinculada al nacimiento de las cooperativas. Cuando se afirmaba que solamente accedía a una cooperativa la población con ingresos fijos, que tenía capacidad de repago, que tenía determinado estatus frente a la clase popular. Pero nuestro surgimiento fue obrero: hoy ese imaginario se que se construyó ha sido reiteradamente cuestionado e interpelado por los cambios en la sociedad, FUCVAM incorporó a compañeros y compañeras que pertenecen a sectores de extrema vulnerabilidad”, enumeró Cal. 

Sostuvo que en la Federación actualmente se estaba formando una cooperativa “Gente de Calle” con la finalidad de garantizar un techo, “pero no son las pioneras, hay muchos compañeros que salieron de asentamientos, que resistieron políticas y soluciones neoliberales de la década de los 90, como son los compañeros de Franja 1”, argumentó.

Si bien representa un gran “desafío organizarse”, el sistema cooperativo como “solución colectiva a un problema mucho más serio que solo un techo, sino que establece una forma de romper una cultura de vida, una cultura de exclusión atravesándola con la dimensión del vivir en colectivo”. 

“Cada vez que asume un nuevo gobierno tenemos la firme esperanza de que se logren los planes que plantean, y ahí no se juega solamente con la suerte del cooperativismo, también se juega con la suerte de los compañeros que viven en situación de calle, con la suerte de quienes viven en zonas inundables, con la suerte de quienes viven en la ruralidad”, aseguró para indicar que el movimiento cooperativista ya sabía que “pensar en la vivienda era pensar en el ordenamiento territorial, analizando movimientos migratorios y estudiando la concentración de la población en un territorio”. En este sentido, aseguró que tanto FUCVAM, como FECOVI y MEVIR tenían un problema con “los cupos libres” - viviendas desocupadas que siguen largo tiempo sin ocupar-. 

Como Derecho Humano, si “las cooperativas” piensan que la vivienda es más que “un techo y unas paredes”, la vivienda es “ese espacio común y comunitario en el cual crecen niños, donde se desarrollan las infancias y crezcan escuchando los valores cooperativos, solidarios, con el acento puesto en el nosotros no en el yo”, aseguró con firmeza el Presidente de FUCVAM. 

Cal informó que el Presupuesto presentado y aprobado en Diputados, “nos queda corto”. Es más, consideró que las prioridades del gobierno, incluidas en el Plan Quinquenal de Vivienda, iba a quedar corto “para lo que el propio Plan plantea”.

Al mismo tiempo, destacó que el Presupuesto haya demostrado la “intencionalidad” de priorizar a “los sectores más vulnerados”. Para cambiar, según Cal, hay que “pensar seriamente, en un cambio de matriz tributaria para afectar mínimamente al sector más rico de la sociedad y materializar el Artículo N.°45 de la Constitución de la República: “todo habitante tiene derecho a gozar de una vivienda decorosa”. 

“Sin una intervención activa, no se puede pensar en la construcción y en la solución de los grandes problemas sociales, y en particular el de la vivienda, sin una intervención activa del Estado como organizador de la demanda, como organizador de la propuesta del sistema de alquileres, de todo lo que tiene que ver con el sistema garantista que tiene que tener la parte más vulnerada y en la relación inquilino-arrendador”, arremetió. 

LA OTRA DEMANDA ORGANIZADA

Cuando la arquitecta, integrante de La Vivienda en Diálogo - un espacio de articulación de organizaciones vinculadas a la vivienda con la Universidad de la República, y militante de la Asociación de Docentes de la Udelar, Ivahanna Larrosa, recordó que en ese preciso momento “había un paro activo por la actividad, también por un presupuesto necesario en educación”, la sala estalló en aplausos. 

Felicitó la experiencia uruguaya en materia institucional en cuanto a la confección junto a las organizaciones sociales, que “fueron convocadas tres veces” a la COAVI, pero, pese a esta iniciativa, Larrosa señaló la necesidad de fortalecer las políticas de suelo para pensar en la vivienda como hábitat. 

“Con respecto, justamente. al acceso al suelo nosotros lo que vemos, y ya metiéndonos en el Plan, es que eso está atrasado con una importancia vital, como ya se ha dicho, pero nos preocupa un poco que si bien es una línea estratégica, no tiene unas metas asociadas. Si bien está atravesada por otras líneas y metas estratégicas, es importante tener claridad de cómo se van a implementar los avances, para evaluar y mejorar”, indicó la arquitecta. 

Celebró la votación unánime de la Ley recientemente aprobada en el Senado para agilizar los trámites de expropiación de inmuebles vacíos con deudas superiores al valor del inmueble pero, según Larrosa, “hay bastantes obstáculos”. Entre ellos, la falta de acompañamiento presupuestal. “Lo que sí nos gustaría hoy en el intercambio y en el debate que la Ministra nos cuente un poco más cómo piensan volcar esto, con qué partidas presupuestales o si dentro del Presupuesto podemos aprovechar para aumentar la cartera de inmuebles, para que esta nueva herramienta se complementa”, subrayó. 

Si bien el gobierno planteó fomentar una segunda Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, y en el Plan se inscribió “el enfoque al territorio y conectividad, nos interesa saber en detalle de las metas que allí están descritas”. 

En cuanto a la “precariedad habitacional”, incluída en el diagnóstico del Plan que arrojó que 176.200 personas viven en asentamientos “casi similar a las cifras del Censo 2011” y que, según los propios datos oficiales, “hoy existen 667 asentamientos”. “Hay estudios recientes de la Universidad de la República que señalan que la población sin hogar, viviendo en la intemperie, alcanzaría a 10 mil personas más para 2030, es muy preocupante porque las personas no pueden seguir viviendo en esa situación, es una de las expresiones de mayor vulnerabilidad”, aseguró la arquitecta y docente universitaria. 

Los datos oficiales y las investigaciones universitarias alertan a las organizaciones sociales que conforman La Vivienda en Diálogo, quienes definen la realidad de las cifras oficiales como “una situación de emergencia”.

“Ni todo está Pérdido es un colectivo organizado de personas en situación de calle que comparten saberes todos los días y también proponen respuestas concretas, que tienen un sentido muy importante. Aprovechamos que estamos en el Parlamento, para hacer un llamado de atención: nuestra legislación, además, hace que el Estado criminalice a las personas que no tienen vivienda con la Ley penal de usurpación, algo que incluso la Ley de Ordenamiento Territorial permitía”, indicó Larrosa. 

Para la Arquitecta esta legislación permite otra clase de déficit: “que tiene que ver con la seguridad de la tenencia”. “No quiere decir que tengan que ser propietarios o propietarias, sino brindar una seguridad jurídica para que la protección, que no otorga el Estado, permita que además no los desalojen arbitrariamente de la vivienda que construyeron con gastos soportables y que las familias puedan permanecer en sus hogares ”, concluyó. 

Por su parte, el Secretario General de FECOVI,  Daniel Logaldo, coincidió con Cal y aseguró que todo el cooperativismo de vivienda “tenía un potencial mucho más grande, incluso, de lo que ha logrado hasta ahora”. En este sentido, sostuvo que las autoridades deberían fomentarlo y acompañarlo.

Al mismo tiempo, Logaldo aseguró que la necesidad de “dotar de recursos genuinos al Fondo Nacional de Vivienda y tender a duplicar el presupuesto para vivienda, más que un compromiso de campaña, es un programa que votó la ciudadanía, es imperante”. 

“No estamos hablando de recursos únicamente para el cooperativismo, sino que estamos hablando de que en Uruguay tienen que haber ciudadanos con casa dignas, porque en la vivienda es donde se generan los derechos a la salud, a la educación y el cuidado de los niños”, argumentó el Secretario General de FECOVI. 

Al culminar su oratoria, Logaldo aseguró que “en el Presupuesto que se considera hoy en el Parlamento, no están plasmadas las exoneraciones impositivas al cooperativismo y es un tema en el hay que poner acento y trabajo”.

PARLAMENTARIA E INSTITUCIONAL

“Muchas veces el acceso a la vivienda no es democrático”, aseguró Colette Spinetti, la Directora de la Secretaría de Derechos Humanos en Presidencia. “El acceso a la vivienda depende del capital, además de depender del acceso a la tierra y es algo muy pendiente en las comunidades vulneradas, históricamente vulneradas, y creo que esta es una buena etapa, no quiero seguir poniendo el peso en los hombros de Tamara (Paseyro) pero creo que estamos muy esperanzadas y con ganas de generar un mayor acceso a la vivienda”, manifestó Spinetti. 

Como Directora de la Secretaría en Derechos Humanos, planteó una serie de preguntas: ¿Cómo acceden a la vivienda nuestros viejitos, las personas víctimas de violencia intrafamiliar o las infancias que viven en un espacio reducido en las vivienda? En este sentido, subrayó que la vivienda impacta en el resto de los Derechos Humanos. 

Por su parte, el exSecretario General de FUCVAM y actual Senador de la República, Gustavo González, sostuvo que “la clave” de las organizaciones es “pensar que el Estado debe involucrarse porque desde Washington nos dicen que la administración pública debe desembarazarse de los problemas de vivienda”. 

“El problema, pese a la fortaleza institucional que implicó crear un Fondo Nacional de Vivienda, en 1968, para alimentar toda la política en vivienda con el aporte del 1% de la patronal y otro 1% por parte de los trabajadores, fue que en un momento se destinó para paliar la crisis del 2002, dejaron de alimentarlo con el 1% de los trabajadores privados y el aporte patronal para luego alimentarlo sólo con partidas”, resumió González. 

Además de la falta de involucramiento estatal y la poca permanencia de recursos públicos, otro gran problema para el Senador es “el suelo”. “El mar no le toca jamás a los pobres, el conjunto de la sociedad debe acceder a suelo con servicios, para que la ciudad sea democrática, Montevideo está dividida por Avenida Italia”, recapituló el Senador para luego asegurar que fueron las cooperativas, con la herramienta de las ocupaciones en 1989, las que lograron instituir la primera Cartera de Tierras. 

Por otra parte, González aseguró que el modelo del cooperativismo, si bien se encontraba en desigualdad de condiciones con “la Cámara de la Construcción” ha construido viviendas “con un trabajo sistemático”. Y recalcó que “además de darle comunidad a las infancias cooperativas” y haberse reproducido más allá de las fronteras en Paraguay, Bolivia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Zambia, Malauí, Sri Lanka y Filipinas, “un tercio de Mercedes vive en cooperativas por ayuda mutua”. Arengó a los cooperativistas a defenderlo y culminó su oratoria felicitandolos por “ser como son, por ser como somos”.

LA LUPA SOBRE PASEYRO

Cuando la Ministra de Vivienda tomó la palabra en penúltimo lugar, todos los apuntes estuvieron hechos. Así que Paseyro enumeró y resumió los objetivos y “seis desafíos prioritarios” que definió el gobierno tras acceder a las cifras del Censo 2023. En este sentido, aseguró que su confección “no solo involucró al Ministerio de Vivienda”, sino al Poder Ejecutivo en su conjunto, sin responder directamente ninguno de los señalamientos. 

El primer desafío que planteó la Ministra fue demográfico: “hubo un cambio en la estructura de los hogares”. Al igual que se plantea en el Plan Quinquenal, la población no crece pero los hogares monoparentales sí, lo que implica “una desigualdad de acceso en esta población”. El segundo desafío que se planteó el Ministerio de vivienda fue que la población “de los quintiles más bajos” - de las cinco franjas de menores ingresos en la sociedad - destina “el 30% de sus ingresos al acceso a la vivienda”. Puntualmente, el quintil de ingresos más bajo destina un 37%, “casi un 40% por ciento de sus ingresos al alquiler”. 

Al mismo tiempo, el tercer desafío es “la segregación territorial” ya que en el país existen 667 asentamientos, “necesitamos un Estado presente”, concedió Paseyro con los exponentes de las organizaciones sociales. “Hay que tener acceso a la ciudad, a poder vivir en ciudad, y habitar muchos de sus espacios, hoy hay territorios marcados por situación de violencia que hace que las condiciones habitacionales no sean iguales en todos lados”, aseguró la Ministra. 

Como cuarto desafío el Ministerio señaló como población prioritaria a las infancias, ya que la infantilización de la pobreza es grave “más del 31% de los menores de seis años se encuentra bajo la línea de la pobreza multidimensional y viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a saneamiento o agua potable, la política de vivienda es también una política para la infancia, y esa será nuestra prioridad”. 

El quinto desafío será “el acceso al suelo y la vacancia habitacional”, en este sentido, aseguró que la Ley, que obtuvo media sanción en el Senado, será implementada en conjunto con “los gobiernos departamentales” y si bien mencionó la información brindada por Larrosa de La Vivienda en Diálogo, ni negó ni afirmó el acompañamiento presupuestal a este instrumento. 

“En la generación de suelo, también contamos con otros organismos del Estado que tienen tierras e inmuebles, que hay que documentar y trabajar para devolverlos y ponerlos en la Cartera de tierras y volcarlos a distintos programas”, aseguró Paseyro. 

El sexto punto será trabajar con poblaciones que no han “accedido a ningún tipo de vivienda”. “Vivir en un refugio o a la intemperie como todos sabemos no es una elección, es una cadena de rupturas, una exclusión acumulada a través del tiempo, con un entramado complejo de situaciones, de salud mental, consumo, violencia y trayectorias institucionales fallidas”, enumeró la Ministra de Vivienda para luego asumir que el Estado “no está logrando el derecho al vínculo y al cuidado de la comunidad, somos nosotros las institucionalidades fallidas, las que estamos fallando”.