Andrea Vigorito ha dedicado casi la mitad de su vida a estudiar la desigualdad, prácticamente el mismo tiempo que ha estado vinculada al Instituto de Economía (IECON) de la Universidad de la República (Udelar). Esto explica su decisión de formar un centro de estudios especializado en desigualdad, abordado por distintas ciencias sociales que son complementarias entre sí.

Siguiendo las directrices del Plan Maggiolo, la Universidad pública debe tener como objetivo la creación de institutos centrales; es decir, unidades que no dependan de una Facultad o Licenciatura, sino de la gobernanza central de la Udelar, para investigar problemáticas urgentes. Esto representa la producción de conocimiento al servicio de su pueblo. La economía, en manos de técnicos y profesionales que la definen como una ciencia social, es el enfoque que se busca.

Así fue como, el pasado 2 de julio, se creó el Instituto de Investigación en Justicia Social y Desigualdad. La economista, Grado 5 de la Universidad pública, Vigorito, junto a profesionales de la Filosofía, Historia y Demografía, abordarán la desigualdad de manera conjunta.

¿Qué es la desigualdad? ¿Es la forma en que los ricos concentran su riqueza? ¿O la manera en que la informalidad hace depender a las clases vulnerables de políticas sociales? Estas preguntas, que tal vez no deben responderse de manera contundente, no tenían resonancia en las aulas cuando Vigorito retornó a estudiar economía en 1983, después de su exilio por la dictadura uruguaya. En ese momento, la Udelar estaba intervenida y sus inquietudes tenían un escaso tratamiento curricular.

Sin embargo, su experiencia de vida en México alimentó su memoria. Durante la transición democrática de nuestro país, la situación económica de América Latina y Uruguay comenzó a resonar con esas preguntas.

Vigorito obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Londres para cursar su segundo título de grado: la Maestría. Allí, encontró una materia en la currícula que satisfizo sus curiosidades profesionales. Finalmente, fue el tema con el que elaboró su tesis y se recibió: la desigualdad de los trabajadores. Desde 1995, integró el Instituto de Economía, intentando concretar centros de investigación que produjeran el conocimiento que le faltaba a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

En esa época, la desigualdad fue tratada por diferentes disciplinas. En el Departamento de Economía de Ciencias Sociales había referentes como Marisa Bujeli, Máximo Rossi y Alicia Melgar, mientras que en el IECON, un grupo de economistas hacía su parte: Verónica Maranta, Rodrigo Arim, Jorge Notaro y la propia Vigorito.

Según el informe de febrero que emitió el Instituto Nacional de Estadística, en el que se estudió a la pobreza con un enfoque multidimensional, no solo pensando en los ingresos, sino en las condiciones habitacionales, por ejemplo, hubo un revuelo porque la pobreza alcanzó un 17.5%. ¿Cómo ve este cambio de enfoque?

Primero que nada el INE no cambió su forma de medición. La medición oficial continúa siendo por ingresos. En abril de este año sacó una nueva línea de pobreza con este parámetro. En febrero sacó una medida multidimensional. No cambió la metodología, la amplió. Lo cual es bueno.

Amplió su visión pero la pobreza o el bienestar de la población sigue siendo vista oficialmente por el ingreso. El ingreso de las personas puede transformar el bienestar pero existe un conjunto amplio de condiciones que el Estado debería proporcionar.

Hay condiciones de salud, de vivienda, de educación, de recreación, de alimentación, también de las características de las personas, qué edad tienen y dónde se concentran la mayoría de las privaciones de la población.

¿Cuál es la diferencia entre la desigualdad y pobreza?

La desigualdad amplía la mirada hacia el problema social que genera la pobreza, es dimensionar las diferencias entre el conjunto de personas, hogares y empresas que integran una sociedad.

La pobreza mira los mínimos y genera una división artificial, pero necesaria, para observar quiénes tienen condiciones para ser pobres y quiénes no. Dentro de los pobres hay diferencias.

Usted, al analizar estos datos en varias entrevistas, remarcó que además de esa cifra preocupante, la del 17.5%, existía otro 40% de la población que era vulnerable a alcanzar esos niveles de pobreza. ¿Por qué casi la mitad de la población está al límite de la pobreza?

Según diversos trabajos académicos, casi el 40% está en esa situación. Si bien ahora tenemos una nueva medición de pobreza monetaria que arrojó los mismos resultados que la medición de pobreza multidimensional, antes daba 8 y ahora arrojó un 18%, muchas personas viven en hogares cuyos ingresos superan la línea. Pero si el contexto económico cambia existen condicionantes de pobreza para que esas personas estén muy cerca de la línea.

El punto de la línea de la pobreza es qué peso tiene vivir bien. La pobreza no solo depende de los ingresos sino de las condiciones estructurales de la población. La pobreza ha estado muy abocada a la política pública, que sigue enfocada en las peores condiciones. La vulnerabilidad nos sirve para poner en relieve y dimensionar la pobreza.

Usted también mencionó que la información oficial tampoco incorporaba “trayectorias longitudinales” de la vida de cada individuo – su trayectoria de vida en sí- ¿por qué cree que es elemental profundizar en este estudio?

En Uruguay existen las Encuestas Continuas de Hogares, que se hace todos los años y toma una muestra distinta de hogares cada vez que se realiza. Para complementar el estudio de la pobreza podría incorporarse los “estudios longitudinales”, un seguimiento de las personas a lo largo de toda su vida. Tanto de personas que entran como las que salen de la situación de la pobreza. El asunto es tomar una persona particular y ver cómo se mantuvo en la pobreza o cómo salió.

Los países desarrollados tienen este tipo de encuestas. Nosotros tenemos una: el estudio longitudinal del bienestar, que sigue a una generación desde 2004, cuando tenían 6 años. En ese momento, percibimos que ellos iban a la escuela. Al visitarlos, en 2024, cuando tenían 25, ves cómo esa condición de pobreza en 2004 generó carencias nutricionales que impactó en el desempeño escolar. La trayectoria te muestra las temporalidades de las distintas privaciones y cómo se manifiestan a lo largo de la vida.

Otra de las puntualizaciones que usted mencionó fue que al vivir crisis como la del 2002 o la Pandemia, como país recuperamos la situación de antes pero nunca mejoramos ¿en qué niveles estamos ahora? ¿nos recuperamos de la Pandemia?

Es un tema bastante tremendo para América Latina y Uruguay que tienen crisis periódicas, de casi 20 años, más o menos. Las crisis son muy destructivas y en un contexto en el que ya se viene mal, las crisis duplican o multiplican la pobreza y aumentan la desigualdad.

Hay una cantidad de cosas que hacen empeorar las condiciones de vida de la gente y cuando nos recuperamos o estamos en vías de superar la crisis, no recuperamos los niveles que perdimos.

Por ejemplo, hay varios estudios de CEPAL que demuestran que el aumento de la pobreza en América Latina se dio rápidamente en la crisis de la deuda externa y demoramos quince años en desandarlo.

En Uruguay tuvimos la crisis del 2002, la pobreza se duplicó y en el período posterior hubo crecimiento económico y políticas redistributivas, que logró desandar el proceso y bajar la pobreza a un 8%. Pero después vino la Pandemia, aumentó la pobreza y si bien termina la crisis hay un crecimiento, pero tenemos niveles de pobreza que son superiores a los previos de la pandemia.

Uruguay fue uno de los países que más lentamente se recuperó de los niveles de pobreza y desigualdad previos a la pandemia, en comparación al resto de los países latinoamericanos.

¿Tuvimos una respuesta tardía?

Sí, una respuesta insuficiente y tardía. Hubo respuestas tempranas que no fueron suficientes lo que nos lleva a pensar en el diseño de las políticas públicas. Las respuestas a las crisis tienen que ser mucho más contundentes. Porque la vida de las personas se perjudica de una manera bastante irrecuperable.

Porque si el ingreso sube, no puedes medir tampoco cómo el daño se manifiesta en la vida de las personas. No todo es recuperable. Y se manifiesta en otras dimensiones, el niño que mencioné anteriormente, en 2004 tenía problemas de nutrición y en 2012 se desvinculó tempranamente del ciclo educativo.

En cuanto al diseño de políticas públicas usted ha señalado que el sistema de transferencias – dinero a las poblaciones más vulnerables por pensiones, bonos o asignaciones- se había instalado en 2008 y necesitaba actualizaciones. ¿Qué revisión necesitaría para usted este diseño?

Las transferencias tienen dos grandes componentes. El primero es la estabilización de ingresos porque en hogares que tienen ingresos fluctuantes son, por lo general, los hogares de los dos primeros quintiles – dividiendo la población de menores ingresos en cinco escalones, los dos más bajos – esta transferencia se vuelve un ingreso seguro. Aunque suele ser bajo, la seguridad de ese ingreso permite estabilizar, mínimamente, la situación.

El segundo componente, es que esta contribución mejora las condiciones de vida. Pero desde 2008 está estancado. Por un lado, tenemos un sistema contributivo de trabajadores formales y no formales, eso debería unificarse, para que los montos tengan un sentido vinculado a las condiciones de vida de las personas. En eso debería modificarse radicalmente.

Toda la política pública debería pensarse multidimensionalmente, desde varias aristas.

Esta observación que usted realiza es algo similar a lo que ocurrió en el desarrollo del conocimiento dentro de la Udelar, primero pensando la pobreza desde los ingresos y luego vincularlos a los componentes estructurales que te llevan a ser pobre. Pero, ¿cuáles le parece que son las condicionantes de la desigualdad que deberían jerarquizarse, al menos, en este momento? ¿Cuáles son las condiciones estructurales de la desigualdad que más arrastramos en el tiempo?

La desigualdad de la distribución no equitativa. La propiedad y los ingresos. Por ejemplo, vayamos al tema de los altos ingresos, para que haya un 1% de personas que perciben un 14% de los ingresos totales o lo mismo que percibe el 40% de la sociedad de menores ingresos. Bueno, eso es desigualdad.

¿Es una desigualdad extrema?

Es alta, sí. Pero no es extrema.

Y en términos de concentración de riqueza, ¿cómo estamos?

Ahí tenemos que diferenciar ingresos de riqueza. Porque en América Latina en general, en Uruguay también, hay más concentración de riqueza que de ingresos. Es un problema de América Latina y Uruguay. Como solemos compararnos con el resto de los países latinoamericanos, sentimos que nuestra situación es mejor pero si comparamos nuestros niveles de concentración con Estados Unidos nos damos cuenta que la concentración es superior.

Ese es el problema, la región nos hace sentir que estamos bien pero no lo estamos. Un sector de la población no admite que son parte del problema o se preocupa menos. O no pueden asumir que el nivel de ingresos o de riqueza tiene que ver con condiciones sociales y culpabilizan a las personas por su condición de pobreza. Esos discursos están aumentando e implica que haya menos apoyo a políticas públicas para lograr una menor desigualdad.

Las personas con riqueza tienen, además, una capacidad de definición de la sociedad porque acumulan mucho poder. Eso puede afectar a las políticas, acciones y recursos que se destinan a la población de menores ingresos. Toman decisiones de qué trabajos se generan, por ejemplo. No sabemos tampoco si cuando hay crecimiento económico se reduce la pobreza porque depende de qué clase de empleos se generan y cómo se remuneran.

Detrás de la condición de pobreza hay un vínculo con las condiciones de desigualdad y de propiedad de la sociedad. Porque cuando piensas medidas en cómo resolver la pobreza, como el sistema de transferencias, también tenemos problemas graves como el acceso a la vivienda. Y, sobre todo, porque la vivienda es una manera de propiedad de la riqueza. Cómo está distribuido el acceso a la vivienda tiene que ver con cómo se produce la desigualdad, con la segregación residencial.

Claro, la vivienda es un Derecho Humano que lo maneja el mercado directamente.

O que no lo otorga.

Con respecto a la progresividad de las contribuciones que usted mencionaba. ¿Cómo ve la inclusión de estos tres nuevos impuestos en la discusión presupuestal y que recaudarían 450 millones de dólares? ¿Es un avance o se tendría que avanzar hacia una reforma tributaria?

Hay que revisar todo el sistema. Hay que avanzar hacia un sistema basado en la vinculación entre tu capacidad contributiva y lo que pagas. Más basados en lo que llamamos impuestos directos.

Esto implica el Impuesto a la Renta de Personas Físicas, impuestos a la propiedad, al patrimonio y a la riqueza. La estructura tributaria uruguaya está muy apoyada en el IVA, o sea en impuestos indirectos que gravan tu consumo sin calcular cuál es tu capacidad contributiva.

La Reforma del 2006 comenzó el camino que tendría que retomarse por razones de Justicia y porque se necesitan recursos para financiar un amplio conjunto de políticas que tienen que mejorar las condiciones de los hogares que están pasando mal o tienen condiciones de privación.

Ninguno de estos tres nuevos impuestos toca al patrimonio. Por eso la discusión de repensar el Impuesto al Patrimonio y gravar el 1%.

¿Qué le gustaría saber sobre el 1% más rico uruguayo que no sabe?

A mí me parece importante entender que hay una parte de la riqueza, de las utilidades empresariales uruguayas que se transfieren al exterior. Hay una cantidad de dinero que se genera en muchas empresas uruguayas que están en manos de extranjeros. La mitad de las ganancias de las empresas es más o menos la mitad del total de las utilidades que se generan. Hay que evaluar todo eso que se genera acá y que se está yendo.

Otra parte importante, sería trabajar en cómo es ese 1%. Ligarlo a un enfoque de clase social y grupos sociales.

¿Estudiar cómo desarrollan su vida?

El 1% es una simplificación basada solamente en el ingreso o en la riqueza. Pero hay que entender cómo estos grupos se reproducen, cómo es su dinámica, en qué sectores de la economía están. La integración de enfoques es interesante. Hay que estudiar desde la sociología y la economía para iluminar cómo entendemos la dinámica de estos grupos de mayores ingresos. El libro de FUCVAM sobre estudios de la riqueza que coordinó Juan Geymonat, es interesante porque va mucho más allá del 1%.

¿Cuánta desigualdad toleramos? ¿Cuáles son los niveles de desigualdad de nuestro país?

Depende de cómo miremos la riqueza. El 1% de perceptores de más ingresos se apodera más o menos del 14% total, y del 40 % si los comparamos con los quintiles más bajos. Si miras la Encuesta Continua de Hogares, esta cifra asciende al 42%.

El nivel de desigualdad es alto y para transformarlo tendremos que hacer muchos cambios. La desigualdad es un fenómeno más persistente que la pobreza. Para reducirla no basta una sola medida, sino varias. El impuesto al 1% más rico, no acabaría con la desigualdad solo marcaría una orientación al sistema hacia dónde ir.

¿El bono crianza es una medida suficiente para erradicar el 32% de la pobreza infantil?

No, son 3 mil pesos. No es suficiente para reducir la pobreza infantil.

En esto de que nosotros no medimos la trayectoria de vida por ejemplo de 0 a 5 años la pobreza es de un 32%, de 6 a 12 años es del 28%, hasta la adolescencia estamos en un 30%, pero en los 63, digamos, la pobreza alcanza. ¿Es necesario comparar las dos poblaciones? ¿Estamos hablando de que los adultos mayores tienen mejores ingresos o que las poblaciones más vulnerables no llegan a cumplir 63 años?

Creo que llegan, sí. Pero lo que pasa ahí es que en los dos primeros quintiles, el 50% de menores ingresos son hogares jóvenes. Lo que te está diciendo es que hay una insuficiencia de ingresos en los adultos jóvenes. Por eso hay niños pobres.

¿De qué viven la mayoría de los hogares? Del salario, para que esos hogares superen la línea de la pobreza. También hay que pensar que esa población tiene una visión más reduccionista de lo que es la trayectoria laboral. Los adultos mayores son de trayectorias laborales más estables. También sucede que los adultos mayores en términos de gastos, de salud, de transporte, pueden ser diferentes. Y eso no se evalúa en la línea de la pobreza.

Siempre tuvimos estos niveles de pobreza infantil. Es una preocupación consensuada. No es que ahora aparezcan estos temas. Lo que sucedió también fue que en 1989, las pasividades se indexaron y los adultos mayores pudieron mejorar sus ingresos jubilatorios.

Lo que es importante es no despegar el tema de la infantilización de la pobreza y las razones de esa pobreza: que es el matrimonio joven o la mujer monoparental.

Ese componente demográfico, no tiene ingresos suficientes para solventar ese hogar de niños pobres.

¿Estas cifras de Infantilización de la pobreza contemplan a las personas institucionalizadas INAU?

No. Las cifras tampoco toman a las personas en cárceles, ni a las que viven en hoteles, o a personas en situación de calle o viviendo en refugios. Las cifras suelen desprenderse de la Encuesta Continua de Hogares que solo miran a las viviendas particulares y no toman las viviendas colectivas. No es algo específico de Uruguay. Eso se mide aparte de la pobreza, y se llama indigencia.

Si el 40% de la población está al borde de la pobreza, con estos números ¿estamos en un punto de inflexión como país?

Sí. El tiempo pasa y las condiciones de vida de la gente es muy dispar. Faltan medidas y soluciones que apunten a eso. La crisis de la pandemia agravó las condiciones de las personas. Cuando pregunta por un “punto de inflexión”, lo único que puedo decir es que hay mucha incertidumbre con respecto a cómo va a ser el trabajo en un futuro. Cómo se generará el empleo. Tenemos que tomar medidas enérgicas. Y si bien se apunta al crecimiento económico ya sabemos que no funciona. En los 90´s hubo crecimiento y la pobreza aumentó.

Tanto a nivel presidencial como el Ministro de Economía han establecido que vivimos un “cambio de época pero no una época de cambios”. ¿Coincide?

Aplicando esto más allá de lo general, lo que veo es que no se proponen políticas y acciones que vayan a cambiar sustancialmente la forma de vida de la gente y eso tiene un costo muy grande.

Los impuestos presentados en el presupuesto o la sugerencia de la OCDE o del mismo FMI para incluir, por ejemplo, el impuesto al 1% más rico, han sido medidas para que el sistema no colapse. El propio Ministro Gabriel Oddone, argumentó que Uruguay estaba a punto de perder su “sistema de convivencia democrático”. ¿Estamos al borde del colapso?

No sé si en algún momento el sistema pueda colapsar. Sé que estamos arrastrando condiciones estructurales, y al mismo tiempo, hay cambios en el trabajo y que aumentan con la crisis. Se ven aumentos de concentración de ingresos y de riqueza en los países desarrollados, y los millonarios globales salen a opinar porque tienen capacidad de control de las decisiones.

A veces, los países tienen el riesgo de que no funcionen sus sistemas democráticos. Por eso muchas voces han surgido, pero no creo que estemos al borde del colapso. Lo que sí creo es que si en Uruguay no hacemos nada con las condiciones de vida de muchísima gente, la cosa va a ir empeorando. Tenemos problemas como la segregación territorial, han cambiado las formas de convivencia. La desigualdad no es un fenómeno nuevo.

Si los sistemas democráticos no aseguran las condiciones mínimas de vida para la gente, la gente puede optar por argumentos más radicales. El tema va a ser qué va a hacer el gobierno para que eso no pase. El argumento del déficit fiscal y las políticas no son lo suficientemente fuertes para que la sociedad resuelva sus problemas.