Hace catorce años, en un parque público de la ciudad de Nueva York, un colectivo de poetas y punks decidió convocar a una ocupación para manifestarse en contra de la concentración de la riqueza. A través de la revista Adbusters, se informó que el espacio público que se ocuparía sería frente a financieras y bancos. “Somos el 99%” fue su emblema. Asistieron miles.

Sobre el origen del movimiento “Occupy Wall Street” existen dos hipótesis principales. Según el medio británico The Guardian, el gran impulso fue que la población estadounidense conociera el trabajo del economista y Premio Nobel, Joseph Stiglitz, sobre la distribución de la riqueza del 1% más rico. Otros atribuyen su origen al antropólogo y anarquista, David Graeber. 

Las manifestaciones, dependiera su origen de un intelectual o de sensación de injusticia que necesitaba ser nombrada desde la crisis financiera que se desató en Estados Unidos entre 2007-2008, se multiplicaron. Días después del encuentro en el parque público las manifestaciones se trasladaron a la bolsa del Wall Street. El movimiento fue reprimido policialmente en todas sus manifestaciones. 

No había líderes. Se organizaban en asambleas espontáneas. Se hablaba sobre la desigualdad económica. Se usaban máscaras de Anonymous. Se tomaron los frentes de los bancos y centrales financieras. Había micrófonos comunitarios. En 2011, 28 ciudades norteamericanas fueron ocupadas por el movimiento.

Mientras se denominaban el “99% de la población sin privilegios”, el apoyo político crecía. El reconocido lingüista Noam Chomsky celebró el éxito de las manifestaciones. Los republicanos enviaban a los manifestantes a trabajar. La policía comenzó a cercar las protestas.

Ese día, el primero de octubre de 2011, decidieron interrumpir el tráfico sobre el puente de Brooklyn. Cuya estructura comunica al condado más poblado de Nueva York, Brooklyn (con 2.6 millones de personas), y la Isla de Manhattan, el distrito más densamente poblado de la ciudad (con 1.7 millones de habitantes). Fue una “demostración de fuerza”.

Los arrestaron masivamente. Los titulares especulan que fueron entre 500 y 700 arrestos en total. Asistieron aproximadamente 2 mil personas, la mayoría jóvenes. Algunos, incluso, multimillonarios. En una foto se puede ver una fila de hippies y hipsters, con las manos maniatadas, sentados en el cordón sobre los límites de la calle. El policía está encima de ellos, con las manos en la cintura, como rezongándolos. La chica asiática mira un punto fijo en el centro de la calle, incómoda por el precinto que le sujeta las manos.

The New York Times cubrió los eventos y sus represiones. Las personas que se manifestaban a favor de “salvar los ecosistemas”, la dignidad de los más vulnerables, con inscripciones como “sin justicia, sin dormir, sin comida”. Algunos de los materiales de difusión aclamaban: “expande la ocupación, muestra tu apoyo por el movimiento, con un sticker del 99% con una señal, si crees en eso grítalo, las corporaciones no son personas, el dinero es libre discurso”.

Mientras la policía de Nueva York arrestó a 500 activistas en el puente Brooklyn, cientos de personas ocupaban la oficina del Bank of America en Boston. Las manifestaciones se reprodujeron en 82 ciudades distintas del mundo. Comenzaron a haber movimientos de ocupantes en Londres y Bélgica.

Al mismo tiempo, la desigualdad comenzaba a ser un tema de preocupación para los organismos internacionales. En 2011, la Organización de Naciones Unidas confeccionó un informe sobre “Desigualdad e Inclusión Social en las Américas”, que incluye 14 ensayos sobre la desigualdad en el mundo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comenzó a desplegar campañas contra la evasión fiscal de las corporaciones. Con 137 países integrando este organismo internacional, confeccionó un plan de acción que incorporaba medidas para que las grandes empresas pagaran impuestos y dejaran de ocultar su capital.

Años más tarde de la presentación de sus primeros planes de acción, la OCDE y sus miembros firmaron un acuerdo para evitar el ocultamiento de capitales a través de las offshore y se manifestaron contra el secreto bancario buscando confeccionar un estándar común de reporte.

En 2017, con el informe 'Una economía para el 99%', OXFAM utilizó la concentración de medios masivos en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, para publicar su investigación sobre la riqueza extrema. OXFAM informó que el 1% más rico había visto un crecimiento de ingresos 182 veces superior al del 10% más pobre de la población mundial, una disparidad que, según la exdirectora ejecutiva de la organización Winnie Byanyima, “fractura nuestras sociedades y debilita la democracia”.

Los defensores de los ultrarricos llamaron a la preocupación por la desigualdad, la “política de la envidia”. Pero la injusticia fue nombrada y hasta The New York Times inició una deconstrucción analítica del fenómeno. Durante ese período publicó un informe titulado: “Mitos sobre el 1%: que pone a los ultra ricos en el Top”. Su redactor fue el economista, Jonathan Rothwell, y apuntó a desentrañar los mitos en torno a la acumulación de capital. Además, de señalar que el diseño de los impuestos y las sucesivas reformas fiscales favorecen la concentración de riqueza.

“Mientras los multimillonarios mundiales elevan el precio de una pintura de Da Vinci, en 450 millones de dólares, el Congreso debatió reformas fiscales, que según muchos analistas otorgan mayores beneficios al 1 por ciento más rico de los contribuyentes”, señaló Rothwell en su artículo. En Estados Unidos el 1% más rico se había duplicado en un 11% desde 1980, y aumentó un 20% en los últimos tres años. Ninguna otra nación, según enfatizó el economista, perteneciente a la OCDE, era tan desigual como Estados Unidos.

El Economista dedicó el resto a desmitificar la argumentación de los opositores de los impuestos al patrimonio. Primero, aseguró que no se debía a un aumento del comercio internacional y que la igualdad no podría vincularse a las conductas comerciales de los países. Según expuso, muchos países como Dinamarca o Países Bajos importaban muchos productos; sin embargo, Estados Unidos duplica las cifras de desigualdad y concentración de la riqueza.

Otra desmitificación del debate fue descartar el aumento de concentración de la riqueza por la incorporación de trabajadores de las tecnologías de la información al 1% más rico. Las industrias tecnológicas, según Rothwell, habían contribuido en un ascenso salarial para el 1% de los ingenieros y desarrolladores de software.

Rothwell desmintió argumentos opositores, asegurando que la desigualdad en Estados Unidos no se debía al comercio internacional ni a la incorporación de trabajadores tecnológicos. Descartó la culpa de la disminución de los sindicatos y de la inmigración.

Citando informes de 1980, Rothwell aseguró que los más ricos eran médicos, gerentes, supervisores de ventas, analistas del sector financiero, así como ejecutivos vinculados a servicios profesionales y legales del capital financiero.

El Economista señaló que la sobreprotección de patentes de software y los subsidios al sector financiero, así como una “escalada de controles de uso de la tierra que aumentan los alquileres en zonas metropolitanas”, era lo que estaba socavando a la sociedad con un marcado camino hacia la falta de movilidad, la concentración de riqueza y la pérdida del poder estatal.

Años más tarde, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial incorporaron en sus agendas el análisis de la desigualdad y el desafío fiscal de diseñar políticas para reducirla. Tras la explosión mediática de los sucesivos informes de OXFAM, estos organismos internacionales reconocieron, oficialmente, que la desigualdad de la riqueza era superior a la del ingreso.

La OCDE firmó un acuerdo, en julio de 2021, para que todas las economías de 137 países, entre las que se encuentra Uruguay, establezcan una tasa impositiva del 15% a las ganancias de las empresas multinacionales, medida conocida como el Impuesto Mínimo Global. Tributo que ha sido incluido en esta última discusión presupuestal y aprobado por la cámara baja y la cámara alta de nuestro país. En diciembre de ese mismo año, la Unión Europea en bloque activó el inicio de una implementación del 15% a las ganancias de los grandes capitales.

“Un mundo, dos realidades. Los milmillonarios viven su mejor momento. Su riqueza se ha disparado hasta alcanzar niveles sin precedentes, mientras las personas que viven en la pobreza en todo el mundo continúan enfrentándose a múltiples crisis”, expondría OXFAM seis años después de su primera irrupción en Davos.

“El 60% de la riqueza es heredada, o bien está marcada por el clientelismo y corrupción, o vinculada al poder de monopolio. (...) El sistema actual sigue extrayendo la riqueza del sur global en beneficio del 1% más rico de la población, que reside mayoritariamente en el norte global, a un ritmo de 30 millones de dólares por hora. Debemos revertir urgentemente esta situación”, iniciaría OXFAM su informe de febrero de 2024.

FRANCIA

Desde 1965, la central sindical de Francia había articulado una Federación de Finanzas con funcionarios y técnicos de la administración social. Los movimientos sindicales demandaron durante dos décadas la reducción del impuesto al consumo y la eliminación de los beneficios para que los grandes capitales acumularan su riqueza.

Fue el Presidente, François Mitterrand, quien en diciembre de 1981 creó el Impuesto Sobre las Grandes Fortunas. Con la finalidad de aumentar la recaudación fiscal y adecuar las políticas sociales en función de las necesidades de la población francesa, los impuestos fueron diseñados en base a la posibilidad de contribución de la ciudadanía. El nuevo impuesto afectaba a quienes contaban con un patrimonio superior a los tres millones de francos.

Los pocos discursos traducidos de Mitterrand apuntan a un aumento de la responsabilidad en los tomadores de decisiones. Arrojó sobre la arena política el impuesto a la riqueza aduciendo que intentaba reducir la “riqueza estática”. El patrimonio debía contribuir de la misma manera que lo hacían los impuestos al trabajo. El debate, en plena década del 80, tuvo un efecto polarizador.

“El pueblo francés necesita que haya cierta armonía en la gestión de los asuntos en Francia”, sostuvo en una entrevista con el canal público francés durante la campaña de su reelección. En ese momento, el gobierno de derecha de Jacques Chirac había eliminado el impuesto a la riqueza argumentando una ineficiencia en su recaudación y una supuesta fuga de capitales.

Chirac en abril de 1988 apuntaba a subir un escalón y acceder a la Presidencia francesa. El cargo lo ocupaba el socialista Mitterrand. Fue reelecto. El socialista volvió a la cancha con el impuesto a la riqueza, cambiando su denominación: “Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna”. Las justificaciones principales se renovaron apuntando discursivamente a una mejora de la equidad con un financiamiento “mínimo” por parte de las grandes fortunas, para mejorar la inserción y combatir la exclusión. El foco estaba puesto en la urgencia de la solidaridad por parte de las clases pudientes.

El Presidente francés le quitó la narrativa negativa a la oposición asegurando que la riqueza debía demostrar una “solidaridad concreta”, no como un “castigo” sino como un “pacto republicano”. “Es así, a través de la solidaridad concreta, que demostraremos que el dinero que la nación pide a los más afortunados no es una medida de castigo, sino la expresión de un pacto republicano donde nadie puede escapar a su deber de contribuir. La justicia fiscal es el precio de la cohesión nacional”, aseguró en un mensaje central que Mitterrand había emitido durante una campaña presidencial. La promesa fue clave para obtener su segundo mandato. Logró instalarlo.

La segunda abolición a este impuesto ocurrió en 2018, durante la Presidencia de Emmanuel Macron. Con la intención de “atraer capital”, transformó el Impuesto Solidario a las Grandes Riquezas en un Impuesto sobre la Fortuna Inmobiliaria. Comenzaron a ser gravados activos inmobiliarios como viviendas, edificios o terrenos cuyo valor supera el millón de euros. Fueron excluidos los activos financieros como cuentas bancarias, bonos e inversiones productivas.

Los sindicatos y trabajadores organizados en movimientos sociales bautizaron a Macron como “el Presidente de los ricos”. Finalmente, se desarrollaron las protestas masivas de los “chalecos amarillos” de militantes de a pie que se manifestaron en contra de un aumento de impuestos a los combustibles (con una tasa de consumo sobre productos energéticos que encarecía los combustibles fósiles y recayó sobre los productores rurales del país) y denunciaron la política fiscal de Macron con la eliminación del impuesto que recaía sobre las élites. Asegurando que el consumo de los trabajadores sí se había visto perjudicado.

El sistema político vivenció las protestas de los Chalecos Amarillos y el surgimiento de movimientos políticos como La Francia Insumisa, la izquierda francesa impulsó varias iniciativas para aumentar la recaudación del Estado. Una de sus reivindicaciones fue restituir el impuesto a las grandes riquezas para financiar servicios públicos.

La izquierda impulsó el “Impuesto Zucman” o “Tasa Zucman” que busca la implementación de un impuesto del 2% anual sobre el patrimonio de los “ultrarricos”: los que tienen más de 100 millones de euros- 117 mil millones de dólares estadounidenses. Esta tasa fue promovida por el economista francés Gabriel Zucman. Pero, incluso, el primer ministro, Sébastien Lecornu, se opuso a la medida asegurando que “los impuestos milagro no existen”.

En diferentes oportunidades, Macron ha apoyado firmemente los esfuerzos de la OCDE para establecer un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales. Al mismo tiempo, Francia ha participado del debate que se desarrolló en el G20 para establecer un impuesto mínimo mundial a las personas más ricas del planeta. La idea sería evitar “el exilio” fiscal de los países que sí lo implementen. Pese a este discurso internacional, el debate no se ha trasladado a la interna francesa.

 ARGENTINA

Durante el último gobierno de Frente de Todos, liderado por el expresidente Alberto Fernández, se promulgó la Ley de Aporte Solidario de las grandes riquezas. A partir de diciembre de 2020 y bajo la consigna de ayudar al Estado argentino a atravesar la pandemia, el gobierno creó un impuesto para el 1% más rico. Recayó en 11.855 personas.

El impuesto alcanzó a las personas “humanas” y sus sucesiones, por la totalidad de bienes que tenían tanto en Argentina como fuera del país cuando excedieran los 200 millones de pesos- 200 mil dólares a la valuación de hoy. En este sentido, se derogó la posibilidad de que las personas de nacionalidad argentina tengan domicilio o residencia en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. El aporte fue el equivalente a seis millones de pesos anuales para Argentina, porcentaje que se desprende de un total de 300 millones de pesos argentinos en fortuna personal.

Los argumentos giraban en torno a la crisis. Al mismo tiempo, el gobierno argumentó en diferentes oportunidades, con exponentes como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, que el impuesto recaía sobre las personas y no sobre las empresas.

La argumentación parlamentaria giró en torno a dos argumentos: el Estado debía prepararse para la emergencia y, al mismo tiempo, debía ser solidario y justo, “al servicio de la gente”.

El miembro informante del proyecto y Senador por Córdoba, Carlos Caseiro, al presentarlo frente a la Cámara de Diputados sostuvo: “es un aporte, obligatorio porque es una Ley, pero de buen modo, destinado a las personas humanas y no a las empresas, por el total de los bienes que tengan en el país y en el exterior, para personas que vivan en el exterior y pagan bienes personales con baja tributación, afecta solo a las fortunas mayores a 200 millones de pesos”.

Por la oposición, el Senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perteneciente a Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, expuso que “en 21 años el ingreso de los argentinos creció en un 0.5 %, la quinta parte de lo que creció en el mundo” y que esto implicaba que “con más Estado no vamos a salir de la pobreza, con más presión tributaria no vamos a generar más trabajo. La pandemia reveló nuestro Estado”. 

Al mismo tiempo, intentó derribar el argumento de la solidaridad que había implementado el gobierno: “la solidaridad es un buen título para las leyes, es difícil discutir con la solidaridad. Es un gran título, pero no se discuten los contenidos”. Y reafirmó esta argumentación: “esto no es un aporte, es un impuesto, si todos los destinos que tendrán la recaudación de este impuesto son tan importantes, ¿por qué se les da por única vez? Si hay algo que hizo el Estado de Bienestar es no tener que depender de la solidaridad”.

Con estos argumentos, basándose principalmente en la solidaridad y en la temporalidad del aporte, así como construyendo una base contributiva con personas y no con empresas, el impuesto recaudó de manera extraordinaria y temporal.

ESPAÑA

Durante la pandemia, España impulsó el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF). Una de sus principales propulsoras fue la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, bajo la línea de Unidas Podemos. La idea fue proponer gravámenes para industrias energéticas y la banca de manera temporal, por dos años, para afrontar la crisis pandémica.

La aprobación de este impuesto fue incluida en el debate de Presupuesto. A la hora de presentarlo frente al parlamento, Montero fue determinante y consideró que la negación a aprobarlo, según RTVE, sería “una irresponsabilidad”. 

La mayoría de las comunidades autónomas (Madrid, Andalucía y Murcia, entre las más destacadas) anunciaron suprimir el impuesto a la riqueza en caso de aprobarse, por una cuestión de competitividad económica entre regiones. La Ministra Isabel Rodríguez, de la comunidad autónoma vasca, se expresó en contra y contraargumentó que las rebajas fiscales que proponían algunas comunidades como una “rivalidad inmoral”.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, una vez aprobado el proyecto, propuso su permanencia. Planteó una reforma fiscal y tributaria para que los pequeños emprendimientos, como las peluquerías, dejaran de tributar el 17.5% en contraposición al 3.8% que tributan las grandes empresas españolas. “Quién tiene más debe contribuir a nuestro país”, enfatizó en el marco del acto aniversario del diario Cinco Días de El País de Madrid.

Del lado opositor, la Presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, consideró que el impuesto a las grandes fortunas era “una agresión” a las autonomías de las comunidades y concibió que era una forma de “castigo” para las comunidades que habían bajado los impuestos. Cuando el impuesto fue aprobado en el Parlamento español, Ayuso envió el impuesto a que lo revisara el Tribunal Constitucional. 

Finalmente, el tribunal falló a favor del impuesto, considerándolo constitucional. Para ese entonces, el Ministerio de Hacienda había proporcionado el dato de que el impuesto aplicado a las personas con patrimonios superiores a tres millones de euros había logrado capitalizar una recaudación de 623 millones de euros. 

Ayuso argumentó que en Madrid la inversión extranjera había disminuido y que podría ocasionar una pérdida de 13 mil contribuyentes, más otros 5 mil millones en ingresos. Además de argumentar una injerencia estatal en la política fiscal de cada comunidad autónoma.

Como el gravamen había sido establecido para dos sectores y con la finalidad de afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania, la magistrada María Luisa Balaguer rechazó las impugnaciones de Ayuso.

BRASIL

Como el principal argumento en contra de los impuestos a la riqueza es “la fuga de capitales”, la intención del gobierno de Brasil es implementar la “Tasa Zucman” (el 2% anual para el más rico) a nivel global, que para los Estados del mundo recaudaría entre 200 a 250 mil millones de dólares anuales. La idea sería evitar la fuga de capitales asegurando que la mayoría de los países apliquen el impuesto. La propuesta técnica del Economista francés fue trasladada a los foros del G20 (donde participan la mayoría de las grandes economías del mundo), y fue elevada por Brasil.

Según el informe técnico de Zucman, un modelo de tributación progresiva afectaría únicamente a 3 mil personas, con un patrimonio superior a mil millones de riqueza en activos, inmuebles, acciones y participación en empresas que no pagan menos que el 2% anual en un impuesto a la renta. “Parece utópico, pero puede ser implementado por muchos países, hay razones para pensar que lo lograremos con el paso de los años”, aseguró según se establece en el sitio de noticias oficial del gobierno de Brasil.

Por su parte Felipe Antunes, el coordinador de Asuntos Financieros Internacionales del Ministerio de Hacienda de Brasil, órgano que coordina el Canal de Finanzas del G20, aseguró que la propuesta brasileña suscita un “gran interés”. 

A mediados del 2024, varios presidentes expresaron su apoyo para avanzar en la discusión de la medida; Francia, liderada por Emmanuel Macron, y el expresidente estadounidense, Joe Biden, se comprometieron a aumentar los impuestos internacionales progresivos con la finalidad de alcanzar los objetivos de “desarrollo sostenible” de las Naciones Unidas. 

El amplio apoyo a la propuesta es un argumento que Antunes recogió para luego admitir que, de igual manera, el debate al impuesto a los “superricos” está empezando. "Que los superricos paguen una parte justa de impuestos es una prioridad para el G20 Brasil. Todavía tenemos que tener debates paralelos para ver cómo llevar esta propuesta tributaria a los países, que podrán implementarla de diferentes maneras, utilizar sus esfuerzos y llegar a un entendimiento para que esta reforma pueda tener posibilidades de avanzar. No puedo decir con qué rapidez podremos avanzar. Ya hay conversaciones al respecto en algunos foros internacionales y lo presentaremos en todos ellos", sostuvo el diplomático encargado de llevar esta línea política en el G20.

Según se consigna en el sitio oficial del gobierno de Brasil, Zucman considera de vital importancia desarrollar un panorama de “cooperación internacional”. Primero, porque “existe el riesgo de que oculten sus ingresos y los envíen a países que gravan menos”, según especuló el Economista. Al mismo tiempo, el intercambio internacional y una “norma común” evita la “competencia tributaria”.

En su análisis, Zucman subraya que la cooperación internacional es fundamental para mejorar la eficacia de la tributación de los superricos. "Un impuesto mínimo coordinado añade valor, porque en la práctica existe el riesgo de que oculten sus ingresos y los envíen a países que gravan con menos impuestos. Para eso se necesita un intercambio internacional y una norma común de gravamen que evite la competencia tributaria", dijo.

Sin embargo, subraya que el estándar normativo es flexible y puede ser implementado por los países como grupo o individualmente, a través de mecanismos fiscales domésticos como, por ejemplo, un impuesto estimado sobre una noción amplia de la renta o sobre las fortunas. "El G20 siempre ha sido muy eficaz a la hora de poner en la agenda iniciativas audaces e innovadoras, en términos de poder ofrecer una orientación política para acuerdos que puedan materializarse con el tiempo. Creo que eso puede darse aquí", señaló.

La matriz de la propuesta brasileña de tributación progresiva pone de relieve los retos de la implementación para los países, como la determinación del valor de la riqueza de los individuos; la superación de la opacidad financiera internacional mediante la mejora de la transparencia de la información sobre las transacciones; y la coordinación internacional "imperfecta", ya que algunos países pueden adherirse a la norma de tributación y no es necesario que todos la implementen.

Durante la última cumbre del G20, que tuvo lugar en Río de Janeiro y se celebró del 18 al 19 de noviembre, se discutieron los planes de gravar a los multimillonarios más ricos del mundo. Días antes, el Economista Joseph Stiglitz había publicado un informe que serviría de insumo para el debate de la cumbre, en el que se había asegurado que el mundo atravesaba una “urgencia por la desigualdad”.

Como Presidente del país anfitrión y con la oportunidad de debatir las ideas frente a los Ministros de Finanzas del mundo, Luiz Inácio Lula da Silva presentó la propuesta de Zucman. El impuesto a los ultrarricos recaería sobre el 2% de su patrimonio. Según las estimaciones del economista francés, publicadas por la Dolce Welle, el 0.01% más rico del mundo paga una tasa impositiva que acapara solamente el 0.3% de su riqueza. 

Este impuesto recaudaría alrededor de 237 millones de euros anuales -unos 270 millones de dólares aproximadamente- de los casi 2800 multimillonarios que existen en el mundo. El patrimonio neto de estos multimillonarios, según la revista especializada Forbes, asciende a los 1.3 billones de euros- 1.5 billones de dólares .

El millonario brasileño y líder del grupo Gaia, Joao Pacífico, se ha manifestado a favor de la medida, asegurando que con el apoyo del sector privado se podrían financiar políticas sociales y eso podría posicionar a Brasil como “ejemplo en la lucha contra la desigualdad”.

COLOMBIA

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. De caracter temporal, la norma propuso recaudar y promover un sistema tributario progresivo, en patrimonios superiores a los 5 millones de dólares. Según los datos oficiales, el 10% más rico en Colombia posee el 70% de la riqueza. El Estado colombiano esperaba recaudar 4 mil millones de dólares. 

El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, radicó formalmente la Reforma Tributaria, que buscaba recaudar 25 billones de pesos- unos 6 millones de dólares. La discursiva oficial apuntaba a un “pago solidario” de los más privilegiados de la sociedad. Durante los cuatro debates reglamentarios, en Comisiones y Plenarios de las Cámaras legislativas de Chile, la discusión se centró en si los impuestos debían ser temporales o permanentes. 

Finalmente, el 13 de diciembre se aprueba con un alcance reducido al esperado. En noviembre los impuestos a la riqueza incluidos en la reforma habían sido sancionados. Pero, durante los dos años posteriores a la aprobación del texto tributario, llegaron a la Corte Constitucional impugnando la permanencia del Impuesto al Patrimonio. 

El gobierno ha presentado nuevamente una reforma tributaria. Esperando que el Estado recaude en 2025, 26.3 millones de pesos colombianos- unos 6 mil dólares. Esta batería de impuestos busca gravar a sectores en específico. La idea es gravar al sector de las apuestas y los juegos de azar, cobrar impuestos a las iglesias que realicen actividades comerciales así como a plataformas de streaming, como Netflix. 

Al mismo tiempo, el texto que aún se mantiene en debate, propone aumentar el impuesto a la renta con una sobretasa a aseguradoras, financieras y bancos. En 2024, el Congreso rechazó la ley presupuestal y se tuvo que aprobar por decreto. 

CHILE 

El Presidente chileno, Gabriel Boric, presentó en julio de 2022 su primera Reforma Tributaria. Uno de sus principales propulsores fue el Ministro de Hacienda, Mario Marcel. La idea era recaudar un 4% del Producto Bruto Interno para financiar un programa social con una ampliación del Impuesto al Patrimonio. Al mismo tiempo, se propuso un impuesto específico para el sector minero. En diciembre de 2022, se logró desglosar el impuesto a la minería. La discusión sobre el Impuesto al Patrimonio se estancó. 

Con la idea de continuar con políticas a favor de la Justicia Tributaria, el gobierno presentó el “Pacto fiscal para el desarrollo y el bienestar”, la idea fue no insistir sobre el impuesto al patrimonio y avanzar hacia una tributación a través de la renta. Se presentan proyectos para ir contra la evasión y se reforma el Impuesto a la Renta Personal para gravar a los altos ingresos.