La riqueza es extrema y representa un peligro para la democracia. Fue el Comité Extraordinario del G20 por la Desigualdad, liderado por el Economista y Premio Nobel, Joseph Stiglitz, y la iniciativa del Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quienes plasmaron esta claridad.

Al comparar las economías de la mayoría de los países del mundo, el Comité informó que entre 2000 y 2024, en solo 24 años, el 1% más rico de la población capturó el 41% de la riqueza generada en el mundo. Al mismo tiempo, el 50% más pobre de la humanidad percibió un aumento ridículamente menor, un 1%.  

Según cálculos basados en datos World Inequality Lab, mientras el 1% más rico aumentó en 1.3 millones de dólares, su riqueza en menos de tres décadas, la mitad más pobre de la humanidad aumentó en 585 de dólares.

Tal vez el asedio por parte de adolescentes a las autoridades gubernamentales de Nepal comience a ser una advertencia. Según el informe, el 90 % la población mundial vive en países con “una alta desigualdad”. Esos mismos países son los que tienen siete veces más probabilidades de experimentar un declive democrático en sus sistemas. 

Con respecto a la riqueza heredada, fenómeno que perpetúa la desigualdad, los expertos informaron que en la próxima década se transferirán 70 billones de dólares a herederos. Lo que reducirá la “movilidad social”. 

Al presentar el informe sobre la desigualdad, declarar una emergencia mundial por la desigualdad y sugerir que los organismos internacionales deberían combatir la masividad del fenómeno con la creación de un Panel Internacional sobre la Desigualdad, el Profesor y Premio Nobel de Economía, Stiglitz sostuvo que el informe elaborado para el G20 era la “evidencia disponible sobre la desigualdad que debería preocupar a los líderes del mundo”. “El mundo entiende que tenemos una emergencia climática, es hora de reconocer que también nos enfrentamos a una emergencia de desigualdad”, declaró. 

Luego definió a la cruda existencia de la realidad no solamente como “injusta, sino que socava la cohesión social, lo que es un problema para nuestra economía y política”. 

El norteamericano y Premio Nobel de Economía, agregó que “los peores efectos” de la desigualdad recaen sobre la “democracia”. En este sentido, consideró de vital importancia continuar con el trabajo que realizó el Comité, estructurando su maquinaria institucional para instrumentar políticas alternativas. Propuso la creación de un Panel Internacional sobre la Desigualdad, similar al organismo de las Naciones Unidas que monitorea el cambio climático, para tomar medidas contra una “crisis”. 

“El paso necesario para tomar esta acción es que los responsables políticos, los líderes, el sector privado, los periodistas y la academia tengan información y análisis precisos y oportunos de la crisis de la desigualdad”, enfatizó Stiglitz. 

Para el Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y quien encomendó la redacción del informe, el objetivo es poner la “desigualdad en la agenda internacional”. En este sentido, el mandatario sudafricano, respaldó el trabajo del Comité y auguró que en la Cumbre de Líderes de G20 —que se celebrará en la sudafricana ciudad de Johannesburgo este 23 de noviembre— la emergencia de la desigualdad será uno de los temas centrales. 

“La desigualdad es una traición a la dignidad de las personas, un impedimento para el crecimiento inclusivo y una amenaza para la propia democracia. Abordar la desigualdad es nuestro desafío generacional ineludible”, indicó Ramaphosa tras felicitar nuevamente el trabajo de Stiglitz. 

La desigualdad es peligro democrático

Al ser entrevistado por El País de Madrid, Stiglitz fue bastante claro. La desigualdad, profundizada por fenómenos como la Pandemia, la guerra y el aumento de aranceles promovidos por el Presidente norteamericano, Donald Trump, representa un peligro para la democracia. Obviamente, esa honestidad intelectual generó revuelo. 

Para él, la desigualdad es “una crisis” con “muchas dimensiones, no solo económicas sino también democráticas”. La concentración de la riqueza y la pérdida de movilidad social, no solo porque el 1% más rico concentra el 41% de la riqueza generada en los últimos 24 años, sino porque esta riqueza será heredada en la próxima década por las mismas familias. Los altos niveles de concentración de riqueza que esto representa nos coloca, según el Premio Nobel en Economía, en un “punto de inflexión”. Porque no solo socava la democracia, sino que estanca “el progreso económico”. 

Entre las políticas públicas que deberían promover los países para reducir la extrema desigualdad, el Comité de expertos, también integrado por Adriana Abdenur, Winnie Byanyima, Jayati Ghosh, Imraan Valodia y Wanga Zembe-Mkabile, incluyó en el informe una serie de recomendaciones. 

Primero, “reformar las reglas económicas internacionales”, diseñar reglas de propiedad intelectual, reescribir reglas fiscales para garantizar una tributación justa de las multinacionales y los ultrarricos. Incluir dentro de las “acciones nacionales” regulaciones a favor de las y los trabajadores, intentando reducir la concentración corporativa, gravando las ganancias del capital e invertir en servicios públicos, aplicando políticas de gasto y fiscales más progresivas cuanto más se tiene más se paga. Dada la “actual volatilidad geopolítica”, el Comité propuso generar “nuevos modelos de cooperación” y que los países aumentaran sus esfuerzos en crear impuestos y transicionar hacia una economía amigable con el medio ambiente. 

Según lo expuesto en el propio informe, para los expertos “un mundo que tolera una desigualdad cada vez mayor no puede esperar lograr paz, prosperidad o sostenibilidad duraderas”. Indica que es una de las preocupaciones más urgentes del mundo y que es causante de muchos problemas en las economías, sociedades y sistemas políticos del mundo. 

“La concentración de ingresos y riqueza en la cúspide ha llevado a concentraciones extremas de poder económico y político, con consecuencias adversas para la sociedad”, se argumenta en el informe para luego subrayar en que “la mayor fragilidad en la vida de muchas personas es que está impulsando un sentimiento generalizado de injusticia”. 

La población está “frustrada y resentida” socavando así “la cohesión social y política, lo que reduce la confianza en las autoridades y las instituciones”, advierten los expertos. A nivel global, según estimaron, 2300 millones de personas se enfrentan hoy a la inseguridad alimentaria. Lo que significa un aumento de 335 millones de personas desde 2019.