Tras la inminente aprobación del proyecto de ley de Tenencia Compartida, Condon aseguró que la tarea de las asociaciones civiles y organizaciones debe centrarse en reflexionar en cómo se dio “el proceso” de aprobación de una normativa que no contó con “ni exposición de motivos, ni datos que respaldaran los fundamentos”. 

Aprobada y modificada el pasado jueves 20 de abril, por la Cámara de Diputados, y el pasado miércoles 3 de mayo, en Cámara de Senadores tras contemplar una serie de modificaciones realizada en cámara baja. La normativa modifica y deroga un conjunto de legislación dispuesta en Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Civil, el Código de Proceso Penal y la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. La ley de tenencia compartida fue la síntesis de dos propuestas presentadas por el oficialismo. Una presentada por los legisladores nacionalistas Carmen Asían, Graciela Bianchi y otra por los cabildantes Raúl Lozano, Guillermo Domenech y Guido Manini Rios.

Ambos proyectos apuntaban a que, ante cualquier tipo de separación entre una pareja de adultos, primaría el derecho de los adultos a ver a sus hijos. Según operadores jurídicos, desde Defensores de Oficio a Jueces, la tenencia compartida y el régimen de visitas ya estaba contemplada en la normativa vigente. Asimismo, indicaron, que esta propuesta relegaba el interés superior de los niños ante la Justicia. En concreto, las infancias pasaron de ser sujetos de derecho, a quienes hay que garantizarles la escucha y respetar su palabra, a ser objetos de derecho.

Para Condon, la principal crítica es que este proyecto violenta la decisión de los niños y niñas del país cuando ya hay “violencias” hacia las infancias que no se han tratado en profundidad. “Los niños y las niñas viven situaciones de violencias muy graves, el año pasado fueron asesinados ocho niños. Esa es una evidencia. Tenemos que reflexionar sobre la violencia que sufren los niños y las niñas, tanto mujeres como hombres: la física y la psicológica. Y los hombres cuando hablamos de violencia sexual”, argumentó la psicóloga de El Paso. 

En esta línea, Condon analizó que la sociedad uruguaya aún es muy “adultocéntrico” y que salvo en casos extremos, como el de la aprobación de esta normativa, “no hablamos sobre la problemática”. 

Uno de los artículos que más críticas desató fue el n.º 4, su “redacción confusa” mantiene fija una línea hacia el mantenimiento de las visitas de los niños y niñas con sus adultos responsables, incluso, en caso de situaciones de violencia. “Es muy complejo para las infancias tener que mantener visitas con el padre que los haya violentado o con mujeres que acuerdan visitas para que no hable en instancias judiciales sobre la explotación sexual que sufrió”, ejemplificó la integrante de El Paso. Luego agregó que “las mejores respuestas son los recursos, no las visitas”.

De manera específica, Condon señaló que existen deficiencias de recursos que afectan los procesos judiciales y culminan situaciones de injusticia. Esta normativa plantea “una superposición de procesos de urgencia” que profundizan este fenómeno. “Mientras juzgados civiles o penales tratan situaciones de violencia de género en otros como el de familia se considera el régimen de visitas”, especificó la psicóloga. En 2021, según la información citada por Condon, solo en 2021 hubo unas 18 mil audiencias por violencia de género, violencia doméstica y que esa es la realidad que “hay que reflexionar”. 

“Es increíble que los senadores no hayan estudiado los procesos de esas 18 mil audiencias. La denuncia es dirigida y a consecuencia siempre se instala una medida cautelar. No es cierto que las medidas cautelares se disponen ante una llamada telefónica, como dijeron algunos parlamentarios. Tampoco existe evidencia de que existan denuncias falsas”, se explayó la integrante de El Paso. Algo que, según estipuló, debería reflejarse en las estadísticas, ya que existe una figura penal que es la de “simulación de delito”. 

Esta línea argumentativa a favor de la normativa apuntaba, según analizó Condon, a la Ley de Violencia de Género “no a las mujeres”. En consecuencia, la militante y especialista en violencia de género e infancias sostuvo que tanto las organizaciones civiles como demás operadores políticos deben “aprehender a planear estrategias comunicacionales que apunten a los niños que son víctimas directas y crecen en lugares donde prima el terror y el miedo”

Los datos después de la tormenta

El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), presentó el pasado lunes 24 de abril, las cifras sobre violencia hacia las adolescencias e infancias del 2021. 

Según el informe oficial, durante el corriente año se contabilizaron unas 7473 situaciones de violencias hacia niños, niñas y adolescentes. En 2020, se trabajaron 4911 situaciones. Estas cifras se traducen en unos 20 casos diarios. El aumento de las cifras fue adjudicado no al aumento de las situaciones en sí, sino a su registro y captación de estas situaciones. 

De las 7473 situaciones registradas en 2021, 55 por ciento de las víctimas eran niñas y adolescentes mujeres, el otro 45 por ciento varones. 

De los victimarios se supo que en un 92 por ciento de las situaciones atendidas. “De ellos, un 47 por ciento fue el padre, un 14 por ciento la pareja de la madre y un 24 por ciento la madre” se resaltó durante la conferencia. 

Los casos se trataron fueron de distinta naturaleza. Maltratos físicos, emocionales, negligencias y abuso sexual fueron parte de la operativa del organismo. Una de cada cinco situaciones fue de violencia sexual, y alcanzó a 1495 niñas, niños y adolescentes. El 77 por ciento correspondió a niñas y adolescentes. Respecto a los victimarios, el 83 por ciento de las personas agresoras eran familiares, directos o del núcleo de convivencia.