Hablar de FUCVAM es hablar sobre la Historia del hábitat y la vivienda popular en Uruguay. Y sí un resumen de 55 años creando hábitat y vivienda popular pretende comenzar por un punto de partida, el punto de partida es este: un día, no se sabe con exactitud cuál pero sí se sabe que fue en 1963, el sistema político uruguayo se dio cuenta que tenía que combatir el déficit habitacional porque, de lo contrario, la situación del país iba a ser trágica. 

Juan Pablo Terra, uno de los técnicos que estuvo detrás de la confección de las primeras cifras del déficit habitacional uruguayo y arquitecto del Centro Cooperativista Uruguayo, conformó una Comisión Especial sobre la Situación de Vivienda, mientras que, paralelamente observaba cómo en Suecia el cooperativismo de vivienda resultaba ser una respuesta efectiva y que en Uruguay eso podría tener sus resultados. Tras cinco años de debate el sistema político creó por primera vez un sistema público de vivienda, con la Ley Nacional de Vivienda en 1968 en el que estaban incluídas las cooperativas. 

Y eso hay que subrayarlo y retenerlo con orgullo. Porque primero existieron ISLA MALA, ÉXODO DE ARTIGAS y COSVAM y, después, existió la política pública en vivienda. Las cooperativas de ayuda mutua desde 1966 habían dado lecciones de construcción de vivienda digna y, después la política pública, les dio un marco.

No es casual que la Asamblea que dio lugar a trascender en la organización de pasar a la situación particular de las cooperativas a conformar una Federación que hoy cumple 55 años; se haya dado en Isla Mala, y se conmemora . Incluso de que existiese una Cartera de Tierra en Uruguay, que hoy solo existe en Montevideo, ya las cooperativas reclamaban una porción de ella con sus ocupaciones.

FUCVAM resultó ser la mejor herramienta creada y sostenida por la organización popular y reglamentada por el sistema público y político para atender el número de casas faltantes en Uruguay. Gracias a tu esfuerzo y al sostener el vivir en comunidad, la situación habitacional en el país no fue ni es una tragedia. 

Si bien tenemos casi las mismas cifras del déficit habitacional; y de segregación y exclusión territorial, pueden encender alarmas, aún quedan cooperativas para construir, tierras que reclamar, derechos por construir y, gracias a nuestra existencia, un futuro en el que será posible habitar. 

La idea de dar un salto organizativo tuvo lugar en la localidad de Isla Mala, Florida, cuando una decena de cooperativas de vivienda decidieron federase. Ese 24 de mayo de 1970, tres años antes del golpe de Estado, nació tras celebrar una Asamblea, FUCVAM.

Hoy somos 80 mil personas habitando 727 cooperativas, 555 habitadas, 66 en construcción y 106 en trámite. En total hemos construído miles de viviendas. Pero no solo viviendas sino barrios, salones comunales y diferentes servicios sostenidos con la autogestión. Y tal vez, nuestro mayor logro es que gracias a habitar un presente con un pasado tan rico en Historia, podemos al menos darnos la posibilidad de imaginar un futuro en donde cualquier trabajador o trabajadora tenga el derecho a habitar un hogar.

Por un Verdadero Fondo Nacional de Vivienda

Cuando se votó el miércoles 27 de diciembre de 1967, la “Ley madre de vivienda” en Uruguay, los parlamentarios que habían formado parte de la Comisión Especial sobre el Plan Nacional de Vivienda, elaboraron un informe para dar sustento a la conformación institucional. La idea de conformar un sistema público de vivienda era la de darle “el dinamismo que el país requiere” y encuadrarla en un “esquema moderno de planificación, extrayendo del esfuerzo, el mejor resultado económico y social”. 

En este esquema, la vivienda como política contaría con su propio sistema financiero: “un Fondo Nacional de Viviendas alimentado por el producido del 1% patronal y 1% trabajador y por la emisión de las obligaciones reajustables a un interés del 4%”. 

En síntesis, la gracia era alimentarlo de manera permanente para que los recursos no quedarán sujetos al presupuesto y la voluntad política. 

Ya desde la exposición de motivos del proyecto de Ley, se sostenía que el compromiso del sistema político, a partir del diagnóstico incluido en el Estudio Económico y Social realizado por el CIDE en 1963, era abatir contra el constante crecimiento de personas sin casa. “Por diversas razones el déficit habitacional se ha ido incrementando; al crecimiento natural del número de hogares y al permanente deterioro del “stock de viviendas”, se aunó entre otras cosas, la pequeña participación del sector público y la decreciente y distorsionada acción del sector privado”, según se expresa en la exposición de la normativa que creó al sistema público de vivienda. 

Hoy la realidad de esa concreción innovadora se mantiene casi igual. El Estado uruguayo pasó por alto la reglamentación del Derecho Humano a la vivienda constituído en el artículo 45 de la Constitución de la República. Hace cinco décadas que la inversión pública en vivienda no supera el 0.5% del Producto Bruto Interno. El Fondo más que un sistema financiero es una partida presupuestal que quinquenio a quinquenio depende de los intereses gubernamentales. Así que el sistema público de vivienda, que se concretó en la Ley 13.728, aún está lejos de ser una institución sólida.

 Las cooperativas que desde 1966 construyen viviendas dignas para los suyos, Dependen del préstamo que se concede por sorteo. 

Tiempo atrás, una parte del Fondo, que es la devolución del dinero de los préstamos, se quiso engrosar obligando a las cooperativas de vivienda a devolver el dinero con un interés del 5% y no aquel 2% fijado en la Ley madre de vivienda. 

Tras seis años de lucha, en febrero de 2025, se firmó un convenio con intereses de devolución de préstamos con criterio público. Según estableció Benjamín Nahoum, en su artículo, “Por un verdadero Fondo Nacional de Vivienda” para el suplemento Habitar de La Diaria, el 5% es “el interés del mercado”.

Así que las cooperativas de vivienda por ayuda mutua lograron que, al menos, el costo financiero de un Derecho Humano como la vivienda tuviera el valor de un interés público y no el de un privado. 

La lucha, de igual manera, continúa. Estamos lejos del 2% de la masa salarial para alimentar de manera permanente al Fondo. Y la poca intervención estatal en el mercado de vivienda ha llevado a que se exonere seis veces más el Impuesto al Patrimonio, tributo del que están exoneradas las viviendas Promovidas, de lo que el Estado invierte en vivienda. ¿Cómo se explica? Con su consecuencia práctica: el derecho a la vivienda más que un Derecho Humano es un activo financiero. Con su realidad política: en el país hay una necesidad de 80 mil viviendas más otras 150 mil con necesidades estructurales, pero “el stock” deteriorado de viviendas, para especulación o fijación de precios o lavado de activos, llega a las 125 mil viviendas vacías.

No hay una inversión pública que llegue, según los parámetros internacionales citados por Nahoum, al 2% del PBI. Al contrario, durante décadas el Fondo ha sido alimentado con partidas presupuestales que apenas alcanzan el 0.5%. O sea, que la posibilidad de construir viviendas dignas en barrios integrados y con una comunidad intentando habitar un territorio, depende de cuán serios nos vamos a poner en el asunto de “verdadero”. 

Por el momento, autoridades ministeriales han descartado discutir en profundidad sobre el asunto. Aunque hayan parlamentarios, como el exSecretario General de FUCVAM, Gustavo González o el comunista y exSecretario General del SUNCA, Óscar Andrade, que hoy están impulsando el proyecto de ley que establece una afectación, del 0.25% al Impuesto al Patrimonio que para alimentar al Fondo con 330 millones de dólares anuales. Según el programa del actual gobierno, se procurará “duplicar sostenidamente el presupuesto en vivienda”. 

Por una Cartera de Tierras Nacional

Después de votada la Ley Madre de Vivienda, se notó el primer fallo normativo. Una vez creado el sistema público de vivienda, incorporándose como herramienta el cooperativismo, además de préstamos, faltó un instrumento para otorgar tierras. Según estableció González en su libro “La lucha organizada por el derecho al suelo urbano y la ciudad”, desde 1971, las cooperativas pioneras alertaban sobre la grave problemática de que no hubiese un “Fondo de Tierras”.

 A través de una Asamblea, celebrada el 25 de agosto de 1972, la recientemente creada FUCVAM propuso “la creación de un Fondo de Tierras específico con prioridad para las cooperativas”. Ese mismo año, la “Comisión de Tierras” de nuestra Federación aseguraba que aún no se había otorgado ninguno. El Banco Hipotecario le entregaba tierras a otros planes promovidos por la dictadura. 

La herramienta de lucha fueron las ocupaciones. En febrero de 1973, un conjunto de viviendas fue ocupado por 109 familias. Hoy aquella comunidad cooperativista con Zulma Cardoso como una de sus lideresas, se llama Cooperativa de Vivienda Cerro Norte Vanguardia (COVICENOVA). 

Cuatro años después del retorno democrático, surge otra nueva oleada de ocupaciones de tierra que desemboca en la creación de la primera y única Cartera Municipal de Tierras para Vivienda en la Intendencia de Montevideo. Tanto en dictadura como en la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, la política de cooperativismo de vivienda se había detenido. La política del desalojo, en cambio, había proseguido. 35 mil personas habían sido desalojadas del lugar en el que estaban viviendo.

Las cooperativas estaban sin personería jurídica, ni tierras. En la Federación ese problema iba tomando cada vez mayor dimensión hasta que en la Asamblea Nacional en Durazno se comenzara a  debatir el asunto. Pero, a través de una llamada telefónica, la tejana COVITEA, avisó a todas las cooperativas que la ocupación de tierras ya había comenzado. 

El Intendente de Montevideo de ese momento, Tabaré Vázquez, institucionalizó esa lucha en la creación de la Cartera de Tierras. Con el paso del tiempo, algunas Intendencias fueron creando su cartera de tierras, más que como política, de manera azarosa y sin una continuidad firme. 

Décadas después el sistema político intenta tomar la posta institucionalizando a través de una Estrategia de Acceso al Suelo Urbano, formalizando como rumbo y en un decreto firmado por el aquel entonces Presidente Tabaré Vázquez y por el Vicepresidente, Danilo Astori, el camino hacia una instrumentación del otorgamiento de tierras.

Bajo este paradigma se crearon varios instrumentos que se podrían volcar a favor de la constitución de una Cartera de Tierras Nacional. Una es la Ley de inmuebles urbanos vacíos, N° 19.679, que otorga el poder al Estado de expropiar aquellos inmuebles que no estén en uso. Otra fue la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, N° 18.308, que obliga a las Intendencias a plasmar una planificación de la ciudad así como otorgarle a los municipios el derecho de preferencia, ante cualquier eventual compra de terreno que se dé en un departamento.

En Uruguay hay 125 mil inmuebles vacíos. Muchos de ellos en zonas céntricas. La población de las ciudades no crece pero la ciudad sí. Los centros, históricos incluso como el de Ciudad Vieja, se vacían teniendo el triple de casas vacías de las que se necesitan. La población es expulsada a las periferias. Mientras en las ciudades con servicios la tierra es abandonada. 

Si bien la Intendencia de Montevideo, en los últimos dos gobiernos departamentales, logró confeccionar un mecanismo para expropiar inmuebles en el centro de las ciudades para otorgarlo a cooperativas como COVIENESCENA o para hacerse de espacios públicos, como el Mercado Modelo. Los inmuebles contabilizados, y con posibilidades de otorgar tierras, no llegan a 300. En Ciudad Vieja se han construído 20 cooperativas.

En Montevideo las casas vacías llegan a ser 50 mil, según los datos del último Censo. Con tan solo un 4% de ese total, las cooperativas de vivienda podrían acceder a 1000 terrenos. Y, por ahora, esa magnitud no la estamos viendo. 

Sobre estos asuntos hay propuestas. González y Andrade desarchivaron dos proyectos de Ley para que sean discutidos. Uno que acorta los procedimientos de la expropiación de inmuebles por parte de las Intendencias, y otro que triplica el valor del Impuesto al Patrimonio de inmuebles vacíos y cuyo objetivo es desincentivar el vacío en las ciudades. 

55 años creando hábitat y vivienda popular: el futuro

La ayuda mutua es un concepto utilizado por cientos de cooperativistas y expresado por un anarquista ruso, Piotr Kropotkin, quien al observar cómo se comportan los animales y las especies vegetales en manada, descubrió que, incluso sin conciencia, la supervivencia de las comunidades y de las especies estaba sujeta a la ayuda mutua o a la cooperación.

Hoy el mundo está yendo hacia otro lado. Inmersos en grandes incertidumbres, a veces, podemos olvidar que nos constituyó una Historia y una comunidad. La Historia de la Federación, por ejemplo, es un reflejo de cómo trabajadores y trabajadoras organizadas pueden construir, con todo en contra, un hábitat popular. O mejor dicho un hábitat donde la vivienda no sea una caja de zapatos, una excusa para fijar un precio o un edificio con apenas dos apartamentos ocupados.

 Y reivindicar con el peso de nuestra Historia que con barrios cooperativos como el Alfredo Zitarrosa, como las MESAS o las ZONAS, con regionales, y teniendo presencia en todos los departamentos, quien hizo a la vivienda parecerse a un Derecho Humano fuiste vos. 

¡A celebrar 55 años creando hábitat y vivienda popular!

¡Luchar hasta vencer!