Desde la experiencia de su gestión como exMinistro de Economía de la República Argentina (2019-2022) y el actual giro de las políticas en la región, Guzmán apunta a desarmar los mitos sobre la fuga de capitales, defiende la viabilidad de gravar al 1% más rico del planeta y advierte que, sin una coordinación internacional robusta, las “sociedades prósperas serán inalcanzables”.

Su postura no es circunstancial, sino que surge y se fundamenta en una extensa producción académica que apunta a reformular la arquitectura financiera global. Guzmán ha confeccionado diversos documentos sobre la necesidad de un impuesto mínimo global a las corporaciones para evitar la competencia fiscal destructiva. Al mismo tiempo, en sus trabajos junto a Stiglitz, ha advertido sobre la ineficiencia de las deudas soberanas y su impacto sobre las soberanías nacionales.

Dada la coyuntura internacional y regional, particularmente de América Latina, ¿estamos en un momento de inflexión que considera beneficioso para que los multimillonarios dejen de concentrar la riqueza del mundo o estamos en una situación aún más complicada que años anteriores?

MG: El poder de mercado crece en el contexto de la transformación estructural de la economía global que estamos viviendo, con un cambio de las participaciones de los sectores industriales y de servicios en la economía, producto en gran medida del cambio tecnológico. La provisión de servicios tiene un carácter de conocimiento local y para el demandante puede ser muy alto el costo de una falla de provisión del servicio, como ocurre con los servicios de agricultura de precisión. Este carácter localizado de la provisión de servicios aumenta el poder de mercado del oferente que ya cuenta con la ventaja de la escala. Básicamente, la información asimétrica y el carácter localizado de la provisión se constituyen en una barrera de entrada que limita la competencia. Esta dinámica resulta en mayor desigualdad de ingresos y de riqueza. Para que haya un punto de inflexión hacen falta acciones que modifiquen esta dinámica distributiva del mercado, como una mayor prevalencia de impuestos a la riqueza y una tasa impositiva mínima global a las ganancias de las empresas multinacionales.

¿Qué diferencia a la desigualdad de ingresos de la desigualdad de riqueza (patrimonio) en América Latina, y por qué es más peligroso ignorar la segunda? A nivel regional e internacional, ¿Cuánto influyó la Pandemia en los fenómenos de la concentración de la riqueza?

MG: La desigualdad de ingresos afecta el bienestar presente, pero la desigualdad de riqueza moldea la estructura futura de la economía, la movilidad social y la distribución del poder. En América Latina la concentración patrimonial es elevadísima.

Se están haciendo varios estudios empíricos sobre los efectos distributivos de la pandemia, pero lo que sabemos a la fecha es que fue un shock que profundizó la concentración de la riqueza por su impacto en los precios relativos, su impacto desigual en la formación de capital humano y en lo tecnológico. Producto de los cambios de precios relativos por la pandemia y luego por la guerra, hubo una “renta inesperada” que no fue producto de fuerzas de mercado en situación de normal funcionamiento.

¿Hay condiciones para que los países puedan coordinar políticas de tributación más progresivas y evitar la competencia fiscal?

MG: Si no lo logramos, ni soñemos con vivir en sociedades prósperas sin violencia e inseguridad.

Dos gobiernos, el de Colombia y Brasil, han avanzado en tributar al 1% más rico de sus países, ¿Qué concepto o análisis infiere de la discusión en estos países? ¿Podrían contagiar a otros países de la región?

MG: Argentina también recuperó el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto a la riqueza, en 2019 cuando yo era el ministro de economía del país, pero el actual gobierno de Javier Milei lo redujo drásticamente, supuestamente para favorecer un blanqueo de capitales. Veo posible y necesario para la estabilidad política y social avanzar con la agenda de gravar la riqueza, en la línea de las propuestas de Gabriel Zucman.

Considerando que usted en 2020, presentó una propuesta para mejorar la sostenibilidad fiscal y plantear progresividades, ¿cuáles fueron, en torno al 1%, sus conclusiones aprendizajes del proceso?

MG: El impuesto a los bienes personales permitió recaudar alrededor de 0,7% del PIB por año, y todo el lobby en contra más el resultado en términos recaudatorios demostró que el impuesto no era fácilmente eludible como planteaba el lobby. De hecho, si fuese tan fácil de eludir, no habría habido tanto lobby en contra, ni tanto interés luego para que Milei lo baje tanto. La lección principal es que el impuesto a la riqueza es factible, progresivo y mejora la sostenibilidad fiscal en sociedades que tienen enormes restricciones para inversiones públicas clave para la formación de capital humano, el desarrollo de la infraestructura clave para elevar la productividad, y la movilidad social.

¿Cómo revertir los argumentos en torno a la "fuga de capitales"? ¿Es posible que ocurra? ¿Cómo podría afectar, particularmente a la región, este fenómeno?

MG: La agenda de la transformación y diversificación productiva es clave para bajar los riesgos de la economía y así desalentar la salida de los capitales locales. Atacar las guaridas fiscales también es necesario para ello.

 ¿Qué elementos considera indispensables para sostener un debate en torno a la progresividad de los impuestos?

MG: La progresividad del sistema impositivo hay que mirarla en su conjunto, no solo impuesto por impuesto, porque también importa recaudar para financiar a un Estado que tiene un rol clave por jugar. Como la distribución de la riqueza determina relaciones de poder que influyen en el conjunto de reglas y leyes bajo las que se organiza la sociedad, la distribución de la riqueza también debe estar incluida en los objetivos que ataca un sistema tributario. Y la progresividad alcanzable depende de la capacidad de administración tributaria, que hay que tomarla no solamente como un parámetro sino que hay buscar moldear para poder implementar una estructura tributaria más acorde a los objetivos sociales y económicos que se busquen.