Para que esa instancia sea más importante aún, junto con el Presupuesto se eleva al Parlamento el Plan Quinquenal de Vivienda, que definirá la política en la materia durante los próximos cinco años. En caso de aprobación solo tendrá postestad de modificarlo, salvo en cuanto a la cantidad de la inversión, por iniciativa del Poder Ejecutivo.

Muchos países de la región tienen presupuestos anuales, por lo cual, si las circunstancias cambian o se advierten problemas en la planificación aprobada, se tiene posibilidades de modificarlos muy rápidamente, cosa que puede ser muy útil cuando urgen esas modificaciones, pero que puede dificultar la programación a mediano plazo y ni que hablar del largo plazo.

En nuestro país, en cambio, el presupuesto es quinquenal y, como también es extremadamente complicado, en un mundo cambiante como el actual, planificar a tan largo plazo, se requiere que aun en ese período exista la posibilidad de hacer los cambios que el monitoreo muestre como necesarios. Para eso, cada año están las Rendiciones de Cuentas, que sirven para exponer y evaluar lo que se hizo en el año terminado, pero también para dar los golpes de timón necesarios.

De acuerdo a la Constitución, el Poder Ejecutivo debe enviar al Parlamento dentro de los primeros seis meses de cada ejercicio anual (o sea, antes del 30 de junio) la “Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal” correspondiente al año anterior. Lo curioso del caso es que el proyecto de ley respectivo tiene plazos para su estudio en el Legislativo que cubren lo que queda del año, por lo cual se da la casi paradoja de que los ajustes que se hagan en función de lo que pasó el año anterior, digamos 2022, por ejemplo, recién se aplicarán al año siguiente, en este ejemplo 2024, veinticuatro meses después.

Esos ajustes pueden implicar redistribuir recursos, pero también crearlos o suprimirlos, pero esto con iniciativa del Poder Ejecutivo, salvo en la rendición que se discute y aprueba en el último año del período, donde, para evitar un carnaval electoral, no pueden aprobarse nuevos gastos.

O sea que, cuando a fines de junio la Rendición 2022 entre al Legislativo, allí se quemará el último cartucho para aumentar recursos, Disminuirlos tampoco es posible, pero eso siempre se puede hacer no ejecutándolos y de ello hay sobradas pruebas, particularmente en nuestro tema de la vivienda.

¿A qué apuntarán esas últimas balas? Por lo que se ha sabido hasta ahora, a mejorar la atención de la salud mental y el combate a las adicciones. Dos temas sin duda relevantes, pero por cierto no los únicos con ese carácter, ni tampoco los que impactan a mayor cantidad de gente. De todos modos, el incremento para cubrir esas prioridades serían veinte millones de dólares, o sea del orden del 0,05% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. La montaña va a parir un ratón.

¿Y la vivienda? ¿La gran postergada de los últimos treinta años, verá finalmente llegado el momento de que la recuerden? Por ahora no hay noticias, y en este caso, cuando no hay noticias es una mala noticia. Porque la situación de emergencia que ya sufría la vivienda hace cuatro años, ahora es indudablemente peor, porque el Estado ya invertía poco y ahora invirtió menos todavía, y porque la aguja de la brújula se movió y ahora apunta decididamente hacia la inversión privada, lo que ha enriquecido a muchos empresarios, pero solucionado el problema de vivienda de pocas familias.

Éste quizá sea uno de los puntos más importantes que la Rendición podría cambiar, porque el presupuesto preveía un recorte fuerte para 2023 y tremendo para 2024 en el programa en el que están las cooperativas (“Nuevas soluciones habitacionales”, ver cuadro) y eso podría (debería) modificarse. Porque además el lugar para donde irían los recursos que se le sustraen al cooperativismo: el publicitado Plan “Entre Todos” (que está en “Créditos para vivienda con compromiso subsidiario del Estado”), dado lo esmirriado de su desarrollo, no parece estar en condiciones de utilizar ese dinero.

Esto es muy relevante, porque los programas de vivienda tienen una inercia significativa, por el lapso importante que lleva su desarrollo, y, por lo tanto, lo que no se planifique y ponga en marcha ahora, no se podrá hacer en 2025: si, porque no hay recursos, los llamados a postulación se reducen, las escrituran se postergan, y no se aprueban nuevas factibilidades de terreno, todo eso serán obras que no se estarán construyendo en 2025, ni en 2026. Esto ya se vivió a la salida de la dictadura y en 2005: aun cuando se dé un fuerte impulso al cooperativismo, los resultados no estarán antes de los dos o tres años. Una corrección de la distribución de los fondos, entonces, devolviendo al cooperativismo los recursos que se le asignaron hasta el año pasado, aunque insuficientes, podría ser la mejor noticia que el sistema podría recibir de la Rendición de Cuentas.

La otra buena noticia podría provenir de que, finalmente, se exonere a toda la vivienda social, cooperativas incluidas, de cargas tributarias, y especialmente del IVA, que se lleva alrededor de un 15% de nuestros presupuestos, exoneración que se prometió cuando se aprobó la ley 18.795 (que ahora se llama “de vivienda promovida”, porque el nombre de “interés social” poco tenía que ver con los resultados). Dado que se trata de una modificación tributaria, la Rendición sería un lugar natural para resolver este problema, que no solo afecta a los destinatarios sino al propio MVOT, porque encarece sus realizaciones, permitiéndole hacer todavía menos, y aumenta las necesidades de subsidio, lo que agrava aún más las cosas.

¿Cómo equilibrar las cuentas del Estado si esa exoneración se aprueba, requisito que seguramente el Ministerio de Economía exigirá? Bueno, lo que se nos puede ocurrir a nosotras y nosotros muy probablemente no sea del paladar de la economista Arbeleche, pero como tenemos la buena costumbre de no hacer propuestas que no se sostengan, ahí está el planteo de FUCVAM, retomado ahora por algunos senadores de la oposición, de incrementar un poco la tasa del Impuesto al Patrimonio (impuesto a la riqueza, si los hay). Y si eso no alcanzara o no gustara, otra posibilidad sería, por ejemplo, restituir la parte del Impuesto a las Remuneraciones Personales creado por la Ley de Vivienda, que pagaban los patrones privados hasta 1992 y que desapareció misteriosamente ese año con la ley 16.237. El Estado sigue haciendo el aporte correspondiente a los trabajadores a su cargo, y todos estos también lo hacen a través del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pero los patrones privados se retiraron del escenario sin saludar.

Y, ya en tren de soñar, sería maravilloso que la Rendición de Cuentas proveyera por fin de recursos propios, permanentes y suficientes al Fondo Nacional de Vivienda, reclamo de FUCVAM cuando reivindica que haya un FNV de verdad. Pero para eso hace falta otro Poder Ejecutivo y otro Parlamento.

En treinta días tendremos el texto de la Rendición de Cuentas y podremos saber qué contiene. Si faltaban ideas, aquí fueron unas cuantas.