El artículo 356 incluido en el proyecto de Rendición de Cuentas, establece formalmente la exoneración del IVA en los materiales de construcción para el cooperativismo de vivienda. Tras una segunda tanda de dudas, como el alcance de la medida y los cálculos sobre su costo, el encargado de responder las preguntas fue el número dos de Economía, Martín Vallcorba. 

En las dos ocasiones en las que el Ministro de Economía y Finanzas, Oddone, y el resto del equipo expusieron ante la comisión, se detalló que el costo fiscal de resignar este impuesto al sector cooperativo rondaría unos 10 millones de dólares anuales. La aclaración sobre la anualidad de la renuncia, fue descartada por Vallcorba en esta oportunidad, quien se refirió a unos cálculos realizados por la oposición de que la política costaría 80 millones de dólares. También, indicó que los cálculos para proyectar ese monto, además de ser plausibles de errores por tratarse de “una proyección”, se refieren a las cooperativas construidas en 2024. 

Las dudas sobre el costo de la política fueron planteadas en dos ocasiones por los diputados nacionalistas, Juan Pablo Delgado, Fernanda Austeperg y Blanco Niffouri. 

Dudas sobre el costo: la oposición plantea el costo para 15 mil cooperativas, el Ministerio de Economía para 2100

“Haremos el intento de ver si podemos ser un poco más claros para despejar dudas que entendemos que ya habían sido despejadas. Para ir en orden con algunas de las cosas que se fueron planteando, la diputada Auersperg hablaba de un costo de US$ 80 millones. Y acá yo ya expliqué cuál es el origen de los US$ 10 millones que nosotros estamos estimando, que tiene que ver con la recaudación del IVA correspondiente al año 2024, el IVA que efectivamente pagaban las cooperativas. Como bien señalaba el diputado Delgado, esos US$ 10 millones son consistentes con el número de cooperativas de viviendas que se construyeron, ¿no? Algo más de 2.000, tanto en el año 2024 como en el año 2025, en torno a las 2.100”, aclaró Vallcorba sobre el gasto y la forma en que se calculó.

El dos de Economía consideró que la oposición estaba realizando un cálculo ocho veces mayor a lo compartido por el Ministerio de Economía y que para llegar a un costo de 80 millones de dólares se tendría que construir 15 mil viviendas cooperativas al año, y no 2100 como plantea el Ministerio. Fue interrumpido y la aclaración quedó hecha: “ah, bueno pero nosotros estamos hablando de costos anuales, la cifra de diez millones de dólares es anual”. Lo que habilita a interpretar que los cálculos de la oposición se referían a un período de gobierno y no en el presupuesto anual que podría conllevar. 

Sobre la exactitud del cálculo, la oposición también consultó si la renuncia podría ser mayor en caso de que aumente la cantidad de cooperativas. “Despejado ese punto, entonces, efectivamente, ¿ese costo eventualmente podría ser mayor si la cantidad de cooperativas que se culminaran fuera mayor? Sí, podría ser.”, aclaró Vallcorba para luego aclarar que es un factor a “tener presente también que los planes de vivienda tienen un período largo de maduración porque, desde el momento en que se hace un sorteo hasta el momento en que se empieza la obra y el momento en que culmina, pueden llegar a pasar unos 5 años, aproximadamente”. 

En este sentido, Vallcorba sostuvo que teniendo en cuenta esa característica del proceso de obra de la cooperativa así como la espera de año y medio para acceder mediante sorteo a su financiación y otras demoras como la firma de la escrituración, la obtención del préstamo y el plazo de dos a tres de obra, el monto de renuncia podría aumentar en caso de que se acelere el proceso de construcción.

“Todos los gobiernos enfrentamos esta situación; es decir, las viviendas que se culminan cada año están muy influidas por las decisiones que se tomaron en el pasado. Pero, más allá de eso, es probable que esto pueda ser un poco más, si logramos que se acelere; sí. En cualquier caso, estamos hablando de efectos que son en el margen, en particular en el horizonte que estamos discutiendo de este período presupuestal”, aclaró sobre el costo de la política y las diferencias de cálculos planteadas dos veces por la oposición en la Comisión de Hacienda, a la que se le suma el planteamiento realizado a la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, la vez que asistió a la misma Comisión. 

Las dudas sobre el alcance: ¿sólo materiales o también hablamos de los Institutos de Asistencia Técnica?

“Aplica todo el IVA, no una parte del IVA”, aclaró en primer lugar Vallcorba. Luego mencionó que la medida no comenzaría a aplicarse en enero de 2027, sino que regirá para las cooperativas que escrituraron a partir de la vigencia de la ley. “Esto va a tener inicialmente un efecto -si quisiéramos hacer un cálculo aproximado- de un poco menos del 30 % del total en el primer año, porque es la cadencia con la cual esto se va a ir dando hasta que culmina y madura todo el sistema, y vamos a llegar a esos 10 millones”, explicó sobre cómo la política necesitaría madurar y aplicarse de manera paulatina. 

El peso del Estado dependerá de “la velocidad a la cual se terminen de construir las viviendas”, remarcó. Para luego ir hacia las dudas planteadas por las Federaciones de vivienda citando expresamente el Artículo 356, definiendo el alcance con la siguiente cita: “los bienes y servicios destinadas a los costos directos de la construcción que integran las obras del proyecto cooperativo”. 

“Luego, por si no era suficiente, dice: "[…] bienes o servicios incorporados directamente a la obra civil". Por lo tanto, esto refiere, básicamente, a materiales de construcción, que es lo que se ha reclamado históricamente. No alcanza el asesoramiento; efectivamente, no lo alcanza”, subrayó Vallcorba. 

Tampoco incluye “refacciones” que es algo que, “como acota el señor Ministro, en la vivienda promovida tampoco incluye refacciones”. También se aclaró “porque se hizo una consulta con respecto a la posibilidad de fijar límites por proyecto cooperativo”, que por razones de “salvaguarda” o de que el Ministerio contara con respaldos: “debemos tener determinados coeficientes técnicos que son razonables en una obra, por encima de los cuales podemos tener situaciones que son atípicas, por llamarlas de alguna manera. Es, simplemente, un mecanismo que nos reservamos por si es necesario, para evitar una mala utilización de una política en la que -como se ha señalado en Comisión- todos coincidimos, pero es importante que tenga una buena utilización”.