Algunas editoriales en El País dicen sentir el aroma al Bréxit. La última encuesta de FACTUM informa que el 53 por ciento de la población colocaría la papeleta del Sí. Otras encuestas, como la de Usina de Percepción Ciudadana, asegura que una amplía mayoría de la población estaría dispuesta a fijar en la Constitución de la República un límite al trabajo en los 60 años. Y que en las bases frenteamplistas, el 63 por ciento, colocaría la papeleta en las urnas.

A la tarde sobre el escenario del Teatro El Galpón, se inicia la segunda etapa de una campaña popular a favor de instaurar tres puntos constitucionales: equiparar las pensiones y jubilaciones con el Salario Mínimo Nacional, tener la posibilidad de jubilarse a los 60 años de edad y con 30 años de aporte, y eliminar el ahorro individual lucrativo en la administración de fondos jubilatorios. 

Bajo el título “La Seguridad Social como un derecho humano fundamental: el camino de la reforma constitucional”, el movimiento popular se pronunció sobre varias inquietudes que plantearon tanto indecisos como opositores a la campaña #VotaSí.

La felicidad pública

La Comisión Nacional  #AfirmáTusDerechos, se replegó a la sillas dispuestas sobre el escenario del Teatro Galpón, para presentar la propuesta y los insumos generados tras meses de trabajo sobre el plebiscito de la seguridad social. Según los reparos constitucionales y algunas proyecciones económicas, la enmienda constitucional costaría 460 millones de dólares anuales una vez instaurada la normativa. 

El presidente de la central sindical Marcelo Abdala fue el único en hablar. “Estamos ante un día histórico”, comenzó para luego indicar que se daría por inicio la segunda etapa de la campaña, que definió como “corta”. La propuesta es “ética”, según sostuvo. del movimiento popular es que la población “ponga sí a tres medidas cautelares en cuyo centro está el ser humano”. 

“Esta acción ética tiene razones muy profundas que son desconocidas porque la subversión de nuestros dichos hacen que algunos de manera tecnocrática desarrollen planteos con un barniz totalitario, a veces, soberbio. Se presenta a la sociedad desde el quien sabe, y a ese presunto saber técnico de lo que hay que hacer o no con la sociedad, le vamos a contestar con razones humanas. Porque como dice el titular del documento para las compañeras y los compañeros, para los trabajadores y las trabajadores, la vida es el centro”, proclamó Abdala. 

Al mismo tiempo, el presidente de la central sindical informó que esta última etapa el objetivo concreto sería convencer a medio millón de uruguayos y uruguayas a que coloquen la papeleta por el sí. Y que el objetivo central sería promover “una lógica, una ética y unos objetivos para que los medios estén al servicio de la vida”. 

“Porque esto se trata del buen vivir, de cuidar y de que lo único que tenemos a ciencia cierta es que el tránsito de la vida debe ser honrado. Por esa razón el dilema central no es técnico. La sociedad uruguaya deberá optar por el privilegio de algunos, que han establecido cuál es el orden y el caos de las cosas, a las razones que hacen a la pública felicidad”, subrayó Abdala. 

En la votación del próximo 27 de octubre, se definirá “si nos oponemos a los derechos de inmensas mayorías al privilegio de unos pocos” y que, en este sentido, la “libertad” de la que hablan “los detractores al plebiscito” es la “libertad extrema del mercado”. 

Al mismo tiempo, el presidente de la central sindical sostuvo que los “tres puntos cautelares” no representaban una “reforma integral” de la seguridad social sino que es la resolución política por la que optó el movimiento popular para limitar “un proceso de confiscación permanente”. 

“Esta confiscación arranca en la Dictadura, le sigue con la reforma de 1996 y vuelve en escena con la actual reforma del gobierno, la Ley n°20.130. Este triángulo de derechos básicos, representan una decisión que recolectó más de 400 mil firmas, y hoy araña una victoria importante pero asumiendo el compromiso de dialogar con más de medio millón de personas pongan la papeleta por el sí. Erradicando el lucro financiero que a quienes no les compete administrar fondos jubilatorios”, proclamó el presidente de la central. 

Pese a “hipótesis tremendistas” que sugieren “los detractores” a la reforma constitucional, según Abdala, la narrativa de la campaña no acompañará los “ejes” del “caos versus orden” sino que irá por la vía de “la vida versus privilegios”. 

“Según los cálculos sabiéndose a nuestro leal saber y entender, el acceso masivo a una pensión y jubilación por el salario mínimo nacional costaría unos 460 millones de dólares”, dictaminó Abdala para luego contraponer que los 1038 millones de dólares que proyectaron los opositores a la reforma apunta a “generar un miedo catastrófico contra una victoria popular, que hoy muestra un sujeto histórico a la defensa de sus ahorros”. 

Los detractores de la reforma constitucional, según analizó Abdala, “condena a 550 mil personas a ganar menos de 25 mil pesos mensuales”. “Con el desastre inhumano que representa el crecimiento del cuadro de la desigualdad y la infantilización de la pobreza, en un país rico como el nuestro, debería ser insultante comparar a los niños con los jubilados. Debería darnos vergüenza, comparar a los pobres contra los pobres”, concluyó. 

Sobre la eliminación del ahorro individual, el presidente sindical sostuvo que la “sabiduría” de los y las trabajadoras organizadas propondrán “formas de ahorro colectivas o fondos sociales que complementarán las jubilaciones”. 

Por persona, no por prestación

Al elaborarse una propuesta con focalizada en el principio de “suficiencia” y con criterios basados en la “justicia social”, la propuesta de la Comisión Nacional #AfirmáTusDerechos, procura equiparar las pensiones y jubilaciones más bajas con el Salario Mínimo Nacional. Gran parte del documento está abocado a aclarar que la equiparación no representará una duplicación de pensiones concedidas por persona. 

“Los términos jubilaciones y pensiones deben ser interpretados por su espíritu, contexto e igualdad respecto de activos como sujetos beneficiarios, no por prestación. Sostener lo contrario implicaría una inequidad inexplicable respecto de la masa activa de trabajadores y trabajadoras, al decir del texto. 

En este sentido, se sostiene que la jubilación es concebida por el artículo n.º 40 de la Constitución como un beneficio que vela por la estabilidad material de una familia y que la definición de este sujeto obliga al Estado a designar “prestaciones sean únicas”. 

“Bajo las consideraciones precedentes y tomando particularmente en cuenta que el aumento de las prestaciones mínimas es por persona, y tomando el valor mínimo del Salario Mínimo Nacional, el costo anual para el financiamiento de este mejoramiento social, calculando para 2023, y con base en los propios datos del BPS, es de 460 millones de dólares anuales”, se indica en el documento. 

En líneas generales, el documento presentado plasmó algunas respuestas sobre cuestiones a resolver en torno al texto constitucional en sí y algunos reparos realizados por la oposición.

 “La Constitución no está escrita en piedra, ni está por encima de la voluntad democrática del pueblo. Los cambios constitucionales son y serán posibles cada vez que su conciencia y voluntad así lo determine”, se contraargumenta a favor de la posibilidad de que se dupliquen el valor del Salario Mínimo Nacional, tanto las pensiones como las jubilaciones mínimas. 

Al citar las palabras y el informe del equipo de proyecciones actuariales del BPS, la propuesta de la Comisión Nacional indica que ante posibles modificaciones a la Constitución de la República, existe una “función reglamentaria” que el Parlamento debe cumplir. 

La seguridad social como bien público que exige “principios éticos” y “compromisos políticos”

La propuesta del movimiento popular consiste en concebir y jerarquizar a la seguridad social como “un derecho humano fundamental” inscripto en la Constitución de la República. “La vida debe estar al servicio de la vida”, es la primera línea del documento. 

Con la intención de remarcar cuál es el rol de las organizaciones que impulsan este proceso constitucional asumen que esta concepción política no es “una novedad histórica”, y que la propuesta se dirige hacia octubre con el objetivo de ampliar los “derechos económicos” del pueblo uruguayo eliminando el lucro financiero en la administración de los fondos jubilatorios del país. 

“El modelo de las AFAP que rige en Uruguay, solo existe en doce países en el mundo, y es ineficiente, caro e inseguro”, se califica en la propuesta popular para luego justificar que esta idea sobre las administradoras financieras se fundamentaba en la insuficiencia de las pensiones otorgadas. 

Al mismo tiempo, subraya que el plebiscito, como mecanismo de democracia directa por el artículo 67 de la Constitución de la República, es parte de una larga trayectoria histórica que proviene, además, de una victoriosa recolección de firmas por parte del movimiento. 

“La recolección de firmas para habilitar esta consulta popular, en un plazo de tiempo real de seis meses, es la expresión irreductible de la voluntad de cientos de miles de uruguayos y uruguayas de recorrer este camino democrático, y que sea el pueblo, como sujeto político por excelencia de la soberanía nacional quien defina con su voto la aprobación de la enmienda popular”, se sostiene el documento. 

Otro de los principios “éticos” que rige la propuesta del movimiento popular es focalizar los recursos para que “la dignidad humana” forme parte de las “acciones afirmativas del Estado y que este debe velar por su cumplimiento”. “La seguridad, en tanto derecho humano fundamental, es un deber y una responsabilidad del Estado”, por ello la propuesta gira en torno a otorgarle “estatus constitucional a la seguridad social” y evitar que esta sea “objeto de lucro”.